Fuente: Diario Gestión

Edmer Trujillo Mori, de la Otass, da cuenta que se promoverá las Asociaciones Público Privadas (APP) para el desarrollo de plantas de tratamiento y desalinización de aguas de mar.

Edmer Trujillo Mori, exministro de Vivienda, aseguró que no se va a privatizar las 50 Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) – que brindan el servicio de agua potable – por el contrario se evalúa la posibilidad del desarrollo de Asociaciones Público Privadas (APP).

Trujillo Mori, que asumió la dirección ejecutiva del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), detalló a Gestión.pe que se impulsará las APP para el desarrollo de obras específicas como la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y para la desalinización de aguas de mar.

“No vamos a privatizar, ni vender nada, pero si ratificamos la necesidad de la intervención privada con Asociaciones Público Privadas para obras específicas, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales”, refirió.

En esa línea, dijo que existe la posibilidad del desarrollo de al menos 15 obras de saneamiento vía APP, específicamente de 11 plantas de tratamientos (PTAR) y 4 de plantas de desalinización.

¿Cuál será el incentivo para promover la participación de los privados en las PTAR?

El incentivo para el privado es que va a ejecutar la obra, operarla, administrarla y recibir un pago por ello, similar a la planta de tratamiento de Taboada o de La Chira en Lima. También queremos promover la participación privada en otras obras.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, si miramos el sur, en Tacna o Ilo, no hay agua superficial dulce disponible por lo que hay que mirar al mar. Ante lo cual estamos dejando un programa de desalinización de agua para consumo humano, dirigido básicamente al sector privado, donde le decimos las posibilidades para la desalinización de agua en favor de la población de Tacna, Ilo, Arequipa en la zona de Chala y en el norte, en Talara.

¿Se requiere de una normativa especial que el desarrollo de APP? No se necesita un esquema normativo adicional, sino bajo el actual mecanismo de APP.

Pero además, creemos en los contratos de gerencia o cualquier otro mecanismo que permita asumir los riesgos de una gestión. Ante lo cual, está por aprobarse en ProInversión, un reglamento propio para procesos de APP en saneamiento, con plazos más cortos, que permitan avanzar con mayor rapidez.

Antes de salir del Ministerio de Vivienda, dejé a punto de aprobarse en la PCM, un reglamento para la contratación de operadores privados para las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que están en el régimen de apoyo temporal (RAT).

Saneamiento

El exministro de Vivienda detalló que este año se deberán concluir 581 proyectos de agua y desagüe, que van a permitir a 128,000 familias contar con el servicio de agua potable y 131,000 con desagüe y para el 2018 se ha presupuesto el desarrollo de 663 proyectos (que deberían concluir ese año) que permitirán incorporar 160,000 familias al servicio de agua potable y 178,000 al servicio de desagüe. “Por el lado de los prestadores, tenemos la administración de 13 EPS que están en el Régimen de Ayuda Temporal (RAT) y para ellos se ha destinado S/ 409 millones y para el 2018 se destinará S/ 280 millones para las EPS que ingresen al RAT”, apuntó Trujillo Mori.

Agregó que del total de las 50 EPS: 33 son medianas y pequeñas, es decir, atienden a poblaciones con menos de 40,000 familias, lo que que no les permite ser sostenibles. Ante lo cual se trabajará, como parte de su gestión, en la integración entre prestadores para lograr su sostenibilidad.

A la par, Trujillo Mori dijo que se trabajará también para resolver el problema de endeudamiento de las Entidades Prestadoras de Saneamiento (EPS) con la Fonavi y la Sunat. La deuda con la primera se acerca a los S/ 2,000 millones y con la segunda suma los S/ 240 millones.

“Para resolver la deuda con la Sunat, se está en conversaciones con el MEF y con Sunat. La propuesta nuestra es que es más caro para el Estado mantener una deuda que no le da capacidad al prestador para poder avanzar, lo que termina siendo un costo para el Estado, quien finalmente termina asumiendo el valor de la infraestructura. Nuestra mirada como MVCS es que esa deuda que no puede pagar el prestador, (ante lo cual) por única vez tiene que ser asumida por el Estado”, explicó.