Usurpación y tráfico de tierras, despojo de propiedad rural, falsificación de documentos, tráfico de influencias con autoridades locales, judiciales y policiales, y hasta compra de medios de comunicación. Los actores pueden cambiar, pero los hechos irregulares que pueden tipificarse como delitos, son los mismos y estarían replicándose en varias zonas del país.

RCR, 09 de marzo 2018.-Un grupo de aproximadamente 40 posesionarios de tierras agrícolas en el distrito de Casagrande, provincia de Ascope, denunció que la empresa agroindustrial del mismo nombre, de propiedad del grupo Gloria, viene realizando ataques contra sus propiedades, quemando sus corrales y animales, y atentando contra su integridad física y la de sus familias, con el fin de desalojarlos y usurpar sus tierras, luego que el Poder Judicial les había restituido la propiedad.

CASAGRANDE AL ATAQUE

César Minez García, representante de Agrícola Minez, sostuvo a RCR, que los afectados son pequeños agricultores que ocupan las tierras realizando labores de pastoreo desde hace más de 30 años, terreno que fue arrebatado por Casagrande hace unos años, por lo que iniciaron un proceso legal para recuperar las dos parcelas de 904 hectáreas, ubicadas en Potrero 10, en el Centro Poblado de Mocan.

El año pasado, el juez civil de Ascope, Andrés Rodolfo Pérez, emitió la Resolución Judicial 17 fallando a favor de Agrominez ordenando a Casa Grande “RESTITUYA” las tierras a sus legítimos posesionarios.

Minez lanzó una gravísima acusación: el pasado 14 de febrero, los representantes de la empresa al mando de una banda de más de 100 delincuentes, volvieron a ingresar con violencia a sus propiedades, premunidos de armas de fuego de corto y largo alcance, con la finalidad de lanzarlos de las tierras que trabajan, a pesar de existir la resolución judicial mencionada.

“Estos criminales han venido con la misión de asesinarnos a todos los agricultores, dejando como saldo ocho heridos, y tres posesionarios más, graves en el Hospital Regional. Lamentablemente, a pesar de las denuncias ante la policía, el fiscal, la gobernación regional, no hemos tenido la mínima atención de ninguna autoridad”, reclamó airado.

Añadió que no es la primera vez que ocurren estos ataques, pues ya son varias las incursiones que realizan delincuentes provistos con armas de guerra, granadas, dinamita, bajo las órdenes de directivos de Casagrande, con la intención de desalojarlos y acabar con sus vidas.

USURPACION DE TIERRAS

Sin embargo, dijo, lo más grave es que las empresas del grupo Gloria no solo están apoderándose de  terrenos de agricultores establecidos, sino que han apuntado también a usurpar miles de hectáreas de terrenos eriazos del estado que no tienen propiedad registrada, utilizando para ese fin, documentación falsa y su influencia ante la policía, fiscalía, Poder Judicial, e incluso, con la anuencia de funcionarios del ministerio de Agricultura y Riego.

Precisó que al lado de sus parcelas, existen aproximadamente 4,300 hectáreas de tierras que en la práctica ya han sido tomadas por agroindustrial Casagrande, y a pesar que todas las entidades y autoridades tienen conocimiento de estos actos ilícitos, en lugar de adoptar medidas para evitarlos, le prestan resguardo o se quedan callados.

“Ante nuestra denuncia, el fiscal se acercó junto con la policía para verificar los daños y supuestamente tomar acciones, sin embargo, solo atinó a decir que el ministerio Público no puede intervenir en una empresa privada, lo que evidencia la parcialización de las autoridades con este grupo de poder que maneja Casagrande”, afirmó Minez.

FALSIFICACION

Finalmente, aunque muy importante, Minez García reveló que la manera que utilizarían para apoderarse de terrenos que no les pertenecen se realizaría a través de la supuesta inscripción de unidades catastrales ante Registros Públicos, COFOPRI, o ministerio de Agricultura, vinculándolos a titulación de tierras en el proyecto Chavimochic. Sin embargo, luego de una investigación profunda se ha llegado a descubrir que esas unidades catastrales, en realidad no existen, y que desde el 2011 no se ha verificado ninguna actualización de predios.

“Este modus operandi indicaría la presunta inscripción de propiedades con documentación irregular y/o falsificada, hecho que debe ser investigado y castigado por el Poder Judicial”, concluyó.

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