RCR, 20 de Marzo 2025.- Eduardo Arbulú Gonzales, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, señaló que el impacto de la violencia criminal va más allá de la seguridad pública, puesto que termina afectando directamente el desarrollo económico de la región Piura, que tiene un mayor potencial económico del país, sin embargo, está viendo cómo la inseguridad aleja inversiones y genera incertidumbre en los nuevos emprendimientos.
“La fuga de capitales junto con la falta de seguridad, pone en peligro la estabilidad económica de la zona, lo que podría frenar el crecimiento y el empleo. Por ello, hago llamado a las autoridades para que implementen medidas efectivas de control y refuercen la lucha contra la corrupción, asegurando que solo en un entorno seguro y ordenado se podrá garantizar un futuro próspero para Piura”, subrayó.
Indicó que Piura, al ser una región fronteriza, es un objetivo constante para las organizaciones criminales, lo que agrava aún más la situación de inseguridad, a pesar de los esfuerzos locales, la falta de logística y personal adecuado para combatir el crimen ha sido una queja recurrente entre autoridades locales, como el alcalde provincial.
“Es necesario que el ejército y la policía trabajen de manera coordinada para garantizar una mayor presencia en las calles y áreas rurales, la intervención de las Fuerzas Armadas es clave para recuperar el control de las zonas más afectadas por la delincuencia. No podemos permitir que las bandas delincuenciales nos sobrepasen”, anotó.
Sostuvo que el impacto de la violencia criminal va más allá de la seguridad pública, puesto que termina afectando directamente el desarrollo económico de la región Piura, que tiene un mayor potencial económico del país, sin embargo, está viendo cómo la inseguridad aleja inversiones y genera incertidumbre en los nuevos emprendimientos.
Recomendó que se requiere una persona con liderazgo y consolidar una estrategia contundente para enfrentar la criminalidad a través de un trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Agregó que el aumento de la criminalidad viene alejando las inversiones y termina afectando la economía nacional.
“Se requiere un liderazgo de la seguridad ciudadana que permita integrar a las diferentes instituciones que componen los operadores de justicia como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, por lo tanto, primero hay que consolidar estrategias para combatir la delincuencia, de esa manera, reducir el impacto de la inseguridad ciudadana en la población”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que se necesita planes operativos más eficaces y el uso de inteligencia y tecnología. Además, propuso un enfoque más agresivo contra las bandas criminales, instando al Estado a utilizar todos los recursos disponibles, incluidos los operativos de rastrillaje y la participación de las fuerzas armadas, especialmente en zonas con alta presencia delictiva.
“La autoridad tiene que velar por su seguridad, y el Estado tendrá que entrar de forma decidida y tomar decisiones audaces, no se puede estar con medias tintas. En este momento, se requiere de una parte operativa contundente para que el delincuente sienta que no vamos a ceder a extorsiones y asesinatos, tenemos que sacar a las Fuerzas Armadas al campo”, expresó.
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