RCR, 27 de Febrero 2025.-La abogada Beatriz Mejía Mori afirmó que es ilegal y se configura el delito de peculado si un alcalde o cualquier autoridad entrega dinero de su municipalidad a representantes de los autodenominados frentes de defensa, comités de lucha o colectivos, quienes exigen los aportes para financiar sus protestas o movilizaciones.
“Es totalmente ilegal y delictivo que los fondos de una municipalidad como de cualquier entidad pública, que están precisadas en su presupuesto y autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas se usen para otros fines”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que, si un alcalde o cualquier autoridad del sector público pretende utilizar los recursos públicos para fines ajenos, incurriría al delito de peculado. En ese sentido, enfatizó que se tiene que denunciar penalmente ante la Fiscalía por ser un delito contra la administración pública.
“No procede que un alcalde decida hacer lo que quiera con el dinero del fondo público, de lo contrario, incurre en delito de peculado por derivación de fondos a aspectos que no corresponden, y eso tiene que ser denunciado penalmente por ser un delito contra la administración pública ante la Fiscalía de turno”, expresó.
Remarcó que, si los frentes de defensa o comités de lucha anuncian el respaldo económico de las autoridades regionales o locales para el desarrollo de movilizaciones, no solo implicaría una denuncia penal, también la inhabilitación total de sus funciones.
“La corrupción impera en las instituciones oficiales, siempre se encuentra a alguien en la municipalidad o en cualquier entidad que nos manifiesta que todo está bien, pero reciben un sobre por debajo”, anotó.
La Contraloría se pronuncia
Por su parte la Contraloría General de la República hizo una advertencia a los alcaldes del país en concordancia de sus labores de control, a través de RCR indicó que los burgomaestres no pueden hacer uso de los recursos públicos (municipales) para actividades de carácter proselitista, ajenos a la labor de los gobiernos locales.
Juan José Díaz Guevara, Vocero de la institución de control, afirmó que utilizar dinero público para dichos fines implicaría malversación de fondos. Refirió que, dentro de las tareas de la Contraloría, sí se encuentran indicio de penal, elaboran un informe que es presentado ante el Ministerio Público
El funcionario manifestó que el Sistema Nacional de Presupuesto Público establece que todo uso de recursos públicos se debe realizar en el marco de la legalidad, tras ser consultado respecto al pedido o exigencias de los denominados frentes de defensa, comités de lucha, para financiar sus protestas.
Díaz Guevara expresó que los alcaldes pueden ser inhabilitados si malversan los recursos públicos, además de ser sometidos a acciones penales.
