Miguel Santillana, analista en temas económicos y políticos afirma que existen rondas campesinas que obedecen a directivas políticas de Patria Roja y otras organizaciones de la izquierda violenta.
RCR, 30 de noviembre 2017.- Las rondas campesinas se están convirtiendo en un problema para los habitantes en las zonas donde operan, debido a que en la práctica han desplazado a la autoridad local y comunal y, en muchos casos, están imponiendo sus agendas políticas a través de infundir miedo a la población con actitudes violentistas y de castigo, sin que exista una respuesta del Estado por inacción del ministerio del Interior y el Poder Judicial, afirmó el analista político Miguel Santillana, durante entrevista a RCR.
“En varias regiones del norte y sur del país, las rondas obedecen a directivas políticas de Patria Roja y otras organizaciones de la izquierda violenta, incluso con participación de miembros infiltrados de Sendero Luminoso. Se ha visto en el caso del conflicto por el proyecto Tía María (Arequipa), y recientemente en Nuñoa (proyecto Santo Domingo en Puno), donde están imponiendo sus consignas políticas y pretenden evitar que se generen nuevas inversiones, a pesar que estas beneficiarían directamente a la población más pobre que dicen defender”, comentó.
Dijo que uno de los problemas es que, por un lado, las rondas campesinas amenazan con violencia tanto a su propia población como a las autoridades locales hasta sacarlas del marco de las negociaciones que éstas deben realizar con las empresas interesadas en invertir. Una vez concretado su plan, y ya en el papel de negociadores, las rondas tratan de imponer con violencia sus planteamientos, casi siempre veces exagerados e inaplicables, a las empresas. En el peor de los casos, se niegan a negociar hasta conseguir expulsar a los inversionistas, mientras, el estado peruano se pone al costado, y finalmente los violentistas logran su objetivo y se paralizan las inversiones.
“Las rondas pretenden tomar todo el control del territorio donde operan y decidir el tipo de negociación que se debe realizar cuando se presenta algún proyecto, incluso van más allá y tratan de imponer su posición negociadora frente a la propia población cuando estos no están de acuerdo”, indicó el analista.
Expresó su convencimiento que el 2018, año de elecciones regionales y municipales en todo el país, las rondas campesinas tratarán de imponer sus candidatos en las zonas que dominan, y buscarán “promocionarse” ante los electores de sus respectivas jurisdicciones mediante acciones violentas y “combativas”, muy posiblemente en contra del ingreso de inversionistas en sus zonas de influencia, u oponiéndose al desarrollo de proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, etc.
“Esa situación será una desgracia para el sistema democrático peruano, puesto que significaría el ingreso de grupos violentistas a nivel de autoridades elegidas. Un mayor peligro lo constituyen las fuentes de ingresos de las rondas, muchas de ellas ilícitas, pues una investigación seria del ministerio del Interior involucra a las rondas campesinas en la actividad ilícita del narcotráfico, principalmente en las que operan en el VRAEM, la zona de mayor producción de cocaína a nivel nacional”, sentenció.
Santillana advirtió que la participación de las rondas en las elecciones estaría enmarcado en el plan de resurgimiento de Sendero Luminoso, esto es, poner en marcha su postulado de pasar de la violencia revolucionaria a la violencia social, mediante la infiltración en organismos de fachada que aparenten representar a comunidades, gremios o sindicatos, penetrando el aparato político y social del país. “El peligro que veo es que puedan penetrar las rondas campesinas para alcanzar sus fines de desestabilización y violencia”, finalizó.
