RCR, 16 de julio de 2020.- El experto en políticas e internacionalista, Javier González Olaechea, advirtió que, si el Congreso aprueba el Acuerdo de Escazú, firmado el 2018 por el gobierno peruano en Costa Rica, todos los proyectos de desarrollo nacional estarían en peligro de ser paralizados por cualquier ciudadano peruano o extrajenro país con el pretexto de defender el medio ambiente. Señaló que el tratado beneficiaría a especuladores que buscan crear caos y pobreza en el Perú.

“Cualquier proyecto o actividad estaría en peligro. Por ejemplo, nosotros vivimos en Lima y en San Isidro hay un mercado municipal que está parado y quieren hacer una edificación más importante y entonces ahí cualquiera puede decir que esto afecta el medio ambiente, porque le quita la perspectiva, porque hay gaviotas que vuelan encima y lo paraliza. Cualquier proyecto o actividad, no interesa si es de minería, energía o agrícola se paralizaría”, explicó.

“Por ejemplo, nosotros necesitamos hacer una carretera transversal por toda la costa del Perú o un tren de Tacna a Tumbes. No se podría hacer porque el paso del tren a 300 metros de la bahía de Paracas, se podría decir que el ruido del tren desestabiliza el ecosistema de Paracas, entonces habría que llevarlo por la montaña, esto es una locura”, remarcó.

Precisó que “este acuerdo abarca todo el territorio nacional y no solo a la Amazonía”. “El artículo 2 de ese acuerdo dice que cada parte garantizará la participación pública en la toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones actualizaciones relativas a proyectos o actividades y otros procesos de autorizaciones que pueden tener un impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, revisar el proyecto agrícola Olmos. Y cualquier persona puede paralizar este proyecto, puede ser un turista”, dijo.

“El Perú tiene más de 3,000 km de fronteras que son porosas y entonces alguien, una persona nacional o extranjera que se declara defensora de los derechos ambientales, podría impugnar cualquier proyecto o actividad que esté en curso y paralizarlo en la práctica, e incluso en el estado de régimen de excepción como la pandemia o un desastre natural”, resaltó.

“¿Qué pasa con los 50 metros de retiro que tiene la Costa peruana en favor de la Marina de Guerra del Perú en salvaguarda de nuestro acceso al mar? Como el tratado no distingue entre zonas de seguridad o no, la legislación nacional cuando se ratifica un tratado tiene que adecuarse al tratado y ese tratado tiene jerarquía constitucional y pone en una grave situación de vulnerabilidad al Estado peruano”, agregó.

Gonzales Olaechea, manifestó que ha presentado un informe al Congreso en el cual sustenta por qué este poder del Estado no debe ratificar el Acuerdo de Escazú. En el documento cuestiona la firma de ese instrumento supranacional y sostiene que el Perú, donde existen grandes brechas sociales y pobreza, no tiene ninguna necesidad de ratificar un convenio que le amarra las manos y lo pone en silla de ruedas”, agregó.

Países de la Alianza del Pacífico

Comentó que Bolivia ha ratificado el acuerdo. Chile no lo ha hecho porque tiene un diferendo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con Bolivia. “Hay algunos argumentos de la defensa chilena que están en tela de juicio con este Acuerdo de Escazú y le daría batería a Bolivia para ganarle en la Corte. Chile dice no, primero soluciono este problema con Bolivia y luego veremos, pero nunca lo va a ratificar”, precisó.

En ese sentido, señaló que el Estado peruano también podría ser demandado por otro Estado ante la Corte Internacional de Justicia. “Los países socios del Perú de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, ninguno lo ha ratificado. Colombia, que es un país amazónico, menos. Nos pueden demandar interna e internacionalmente por su incumplimiento, cuando tenemos tantas prioridades y retos nacionales inmediatos”, indicó. 

Advirtió que el Acuerdo de Escazú también establece una nueva inmunidad para los autodenominados defensores del medio ambiente. “Establece que deben ejercer sus funciones, cualquier persona nacional y extranjera, sin restricciones. Esto quiere decir que estamos creando una nueva inmunidad que, incluso, no tiene un parlamentario. Entonces cualquier persona podría desestabilizar un proyecto y evadir la acción de la Fiscalía y de la Justicia”, indicó.

“Esta persona, nacional o extranjera, está facultada a requerir al Estado la información sobre cualquier proyecto o actividad y el Estado tiene que contestarle en 30 días y si se lo deniega tiene que explicar las razones jurídicas a cada persona porqué se lo deniega y si no está de acuerdo puede recurrirla es decir enjuiciar al Estado ante los tribunales internacionales”, detalló.

Especuladores tras acuerdo

González Olaechea aseveró que el Acuerdo de Escazú estaría siendo promovido por especuladores interesados en llevar a los países a la bancarrota para obtener beneficios. “En el mundo hay mucha gente que apuesta por la desestabilización de los países y que se vayan a la quiebra para comprar sus recursos nacionales por cuatro monedas y financian organizaciones internas que crean caos”, afirmó.

“Por ejemplo, en la pandemia todos hemos perdido nuestras libertades y hemos perdido dinero, pero hay personas que han ganado. En una crisis, muchos pierden y pocos ganan. La gente ahora está vendiendo sus cosas para pagar sus créditos. ¿Quiénes ganan? Los que van a comprar más barato, porque esperan que pase la crisis para vender a un valor real. En el caso del Acuerdo de Escazú ¿Quiénes ganan? Los que están detrás de la desestabilización”, manifestó.

“Eso no ocurre solo en el Perú ahora, eso es parte de la historia humana. Pensar que todas las organizaciones tienen un fin benéfico, esto no es el paraíso. Ni siquiera los suizos, porque cuando la Unión Soviética se derrumbó, los jerarcas rusos se llevaron el dinero de la privatización a Suiza. O sea, Rusia se hundió y los suizos se enriquecieron”, añadió.

El internacionalista indicó que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional y siempre los tratados internacionales hay que observarlos muy cuidadosamente porque comprometen, en este caso al Perú, si se ratifican. “Si bien se ha firmado tiene que pasar por un escrutinio para ser ratificado y aprobado por el Congreso de la República. Aún no ha sucedido esto. Por eso yo he elaborado un informe, que he alcanzado al Congreso, en donde sustento mi oposición, por ser de interés nacional, a que el Perú forme parte del Acuerdo de Escazú”, puntualizó.

“El Acuerdo de Escazú está conformado para América Latina y el Caribe, y hasta ahora son 9 países, algunos de ellos muy pequeños que juntos ni siquiera igualan al Distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), que lo han ratificado”. “¿Cuáles son los riesgos? En el artículo especifico referido al ordenamiento territorial establece que toda persona, peruana o extranjera, puede participar en el ordenamiento territorial del país. Esto quiere decir que ahora un defensor autodeclarado de los derechos ambientales también debe participar en un derecho que es del Congreso y esto es inaceptable”, manifestó.

Enfatizó que el presidente de la República debió de haber informado hace dos años a todos los peruanos sobre este acuerdo, pero no se informó. “Ahora la pelota está en la cancha del Congreso, yo espero que en un mes el Congreso rechace y archive en la Comisión de Relaciones Exteriores este lesivo y pretendido convenio. Este tratado no permite hacer reservas, es decir o compramos todo el paquete o no lo compramos, y el paquete tiene problemas, es una caja con parte de la mercadería malograda y contaminante”, subrayó.

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