Fuente: Andina 

Perú suscribió histórico documento que garantiza la protección del ambiente y los derechos humanos

El Perú se adhirió oficialmente al Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Se trata del primer tratado internacional que fortalecerá la democracia ambiental en esta parte del mundo.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, en representación del Estado peruano firmó ayer el referido tratado en la ceremonia protocolar que se desarrolló en Nueva York, en el marco de la Semana del Clima y de la 73° Asamblea de Naciones Unidas.

Respecto al significado de este acuerdo multinacional, la ministra sostuvo que representa una de las oportunidades para fortalecer los vínculos entre los países latinoamericanos en un tema muy importante y crítico como es la transparencia en los temas ambientales, así como también la posibilidad de permitir a las poblaciones más vulnerables el acceso efectivo a la información y promover una justicia ambiental.

En su mensaje desde Nueva York, la titular del sector Ambiente indicó que el Perú está comprometido en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, expresó su convencimiento de que para ello la transparencia en el sector ambiental es un eje fundamental. “Para el Perú, la transparencia es una política de Estado”, subrayó.

La ministra Muñoz Dodero destacó el trabajo de todos los actores que durante los últimos seis años trabajaron para concretar este acuerdo, incluyendo al Estado peruano y los diferentes países, a través de sus representaciones, también a la sociedad civil y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que apoyó en todo el proceso.

En su reconocimiento mencionó a los anteriores ministros del sector Ambiente, a la sociedad civil y a las empresas, que participaron en los procesos de discusión y que con sus aportes hicieron posible suscribir este acuerdo firmado por el Perú entre 12 países de Latinoamérica y El Caribe.

A partir del 27 de setiembre, este tratado se abrió a las firmas de adhesión de los 33 países de América Latina y el Caribe, por el plazo de dos años. Deberá ser ratificado por al menos 11 Estados para entrar en vigor.

Acuerdo de Escazú

El 4 de marzo de 2018, la región de América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Este tratado, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es el fruto de una fase preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones de su Comité de Negociación.

Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables.

Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las d

En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.

Se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.

También se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones.

Desde un enfoque basado en los derechos, se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada.

A través de la transparencia, la apertura y la participación, el Acuerdo de Escazú contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región.

En ese sentido, en el Acuerdo de Escazú se plasma el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados y de dar voz a quienes no la tienen, sin dejar a nadie atrás.

Con este Acuerdo, América Latina y el Caribe brinda también un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible.Asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, los países latinoamericanos y caribeños refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico.

“No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Consideró que en el Acuerdo de Escazú se reconocen esta interrelación e interdependencia, lo que convierte este primer tratado regional de la CEPAL en un instrumento invaluable para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.