Fuente: La República
Cada día crece el respaldo al trabajo de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, integrante del equipo especial Lava Jato. La sede de Canchis del Colegio de Abogados del Cusco interpuso una demanda constitucional de amparo contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, Luis Alberto Germana Matta. Acusan una “constante hostilización contra los fiscales Vela y Pérez, mediante la apertura de procesos disciplinarios en su contra».
El representante del colegio, José Rubén Aparicio Alarcón, ingresó la demanda el 26 de diciembre al Juzgado Mixto de Canchis para evitar que ambos magistrados sigan siendo objeto de procedimientos disciplinarios, requerimientos constantes de información y declaraciones públicas en su contra.
Aparicio sostuvo que esperan que el amparo y la acción de amparo que la acompaña sean admitidos para que el fiscal Chávarry esté impedido de cambiar a los fiscales. En la demanda advierten que las acciones del fiscal de la Nación inciden negativamente en la persecución penal de delitos contra la administración pública, lavado de activos y criminalidad organizada en casos como Lava Jato, Lava Juez y fujicócteles. Advierten que la hostilización lesiona -mediante amenaza cierta e inminente- la garantía de independencia en la función de los fiscales, y que observan una intromisión del fiscal Chávarry en las investigaciones contra Alan García y Keiko Fujimori.
Asimismo, dice que se vulnera la autonomía de fiscales, afecta el mandato de no abocamiento en procesos en trámite ni interferencia en el ejercicio de su función, así como la lucha contra la corrupción.
Al respecto, el exprocurador anticorrupción del Cusco, Henry Delgado Urrutia, consideró que la demanda no prosperaría. Dijo que lo que hay es una hostilización de carácter laboral y no la vulneración de un derecho constitucional que esté establecido en el artículo 37 del Código Procesal Constitucional.
«Una demanda de amparo tiene por objeto proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional (…) Cuando hablamos de hostilización, hablamos de una pretensión de carácter laboral, que debe ser iniciada por quienes se ven afectados por esa conducta del empleador (Pedro Chávarry). Los fiscales deberían solicitar el cese de la misma», precisó.
