La información, que desvela hoy el diario español El País, afirma que los investigadores del caso, bajo las órdenes de la juez del caso, Canòlic Mingorance, barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes.El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA y el pasado año este pequeño país, ubicado en los Pirineos, fronterizo con España y Francia, renunció al secreto bancario.
Según el periódico, ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas.
Odebrecht, según las fuentes, transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó. Para los depósitos, según las pesquisas policiales y judiciales, utilizó las sociedades «off shore» Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios.
Además, según la investigación del periódico español, gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias.
La investigación periodística desvela transferencias a familiares y personas cercanas a mandatarios latinoamericanos, como los padres del exministro panameño Demetrio Papadimitriu (cerca de diez millones de dólares) o el exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera durante la presidencia de Alan García (8,5 millones de dólares).
También cita como sobornados al exministro colombiano Gabriel García Morales ( 6,5 millones de dólares), y al exministro de electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera, entre otros.
La conexión de la BPA con Odebrecht pasa, según desvela El País, por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.
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