Fuente: Torino Economics
La reciente vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino, como máximo representante del Estado, hace prever un periodo de inestabilidad institucional. Además, sumado a las consecuencias de las políticas monetarias y fiscales que se dictaron con la finalidad de atenuar el impacto de la pandemia, la llegada del Bicentenario de Independencia podría traer consigo una economía nacional sin repunte.
Torino Economics, en su reciente estudio político – económico, destaca que, hasta la fecha, las políticas de emergencia en gasto público, alivios tributarios y planes de inversión pública para la reactivación económica alcanzan los S/ 138,768 millones o, en su equivalente, el 18.3% del Producto Bruto Interno (PBI).
“La cifra total se puede dividir en dos acciones, aquellas de contención, destinadas a mejorar la atención de la emergencia, el fortalecimiento de los servicios de salud, subsidios para hogares vulnerables y alivios tributarios dados a las familias y empresas; que suman 51,235 millones de nuevos soles. Y las de reactivación con 87,532 millones de nuevos soles, en donde destaca el programa Reactiva Perú”, indican.
Sumado a ello, el reporte hace notar los riesgos al otorgar medidas de alivio tributario, como la suspensión o reducción de pagos de Impuesto a la Renta (IR). “El Perú ha ido ‘quemando sus cartuchos’ de políticas monetarias y ficales, llevando su deuda pública a niveles tope de la regla financiera del marco fiscal de 34 por ciento, la cual se espera que sea superada en el 2021, con un rango previsto entre el 39 al 41 por ciento”, destacan.
En esa línea, la unidad de investigación, sostiene que dichas acciones dejan al país con poco poder de maniobra ante cualquier eventualidad o shock externo para el próximo año, como lo puede ser una posible segunda ola de contagio global que afectase nuevamente los precios de las materias primas y desacelerase las cadenas de valor, o la posibilidad latente de un incremento de casos a nivel local que, aunado a los altos niveles de informalidad, debilitaría cualquier perspectiva de una rápida recuperación en “forma de V” como lo había estimado el Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI).
Respecto a la informalidad que, hasta fines del segundo trimestre, alcanza al 74.3%, resulta una variable que puede jugar un papel clave en el riesgo de alza económica; y es que, a pesar de que 1.55 millones de empleos se recuperaron luego de haberse perdido casi 2.8 millones entre febrero y junio, un gran porcentaje de las personas actualmente no buscan empleo nuevamente, ya sea por la falta de oportunidades o por los riesgos asociados a trabajar durante la pandemia.
De esta manera, existe una probabilidad de que más de un millón de personas que, al no encontrar empleo, caigan en la informalidad elevando este porcentaje e incrementando las posibilidades de contagio. “Con varias actividades importantes del país en recuperación, pero con un auge en el desempleo y la informalidad, el gobierno tendrá menos espacios para la recaudación, lo que llevará a un aumento de las presiones fiscales para dar ayudas de emergencia”, indican; afectando, directamente, las previsiones para el próximo año.
