Nota de prensa
Comisaría de Cajabamba determinó riesgo moderado en denuncia previa presentada en enero, pero para Centro de Emergencia Mujer hubo riesgo leve.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca advirtió que dos Juzgados de Cajabamba tardaron más de ocho meses en tramitar un proceso inmediato ante el requerimiento fiscal por agresiones contra una mujer, quien denunció por violencia al padre de sus hijos, el 29 de enero de este año, y falleció el 30 de octubre, luego del último ataque del sujeto. Además, la institución verificó que la denuncia tuvo una distinta valoración de riesgo, pues mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) la calificó de ‘riesgo moderado’, el Centro de Emergencia Mujer de Cajabamba la evaluó con ‘riesgo leve’.
Como se sabe, el pasado 30 de octubre del presente año, la ciudadana Juana Vásquez Esteban habría sido atacada con un machete por Francisco Carrión Sánchez, padre de sus hijos, quien le causó graves heridas en el rostro y en las manos que finalmente la llevaron a la muerte. Ante el lamentable hecho, personal de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca se trasladó a la ciudad de Cajabamba, a fin de corroborar si las entidades del sistema de justicia actuaron con la debida diligencia ante la denuncia previa de la víctima, y verificar la atención que se estaría brindando a sus hijos y familiares.
Así, se pudo verificar que, el pasado 29 de enero, la víctima había denunciado a su entonces esposo por agresiones físicas y psicológicas en la Sección Familia de la Comisaría Sectorial PNP Cajabamba, manifestando que la violencia fue producto de los celos de su pareja y se efectuaron en presencia de sus tres hijos menores de edad. Además, la mujer refirió que no era la primera vez que su esposo la agredía y que no lo denunció antes por ser el padre de sus hijos.
Entonces, ante la referida denuncia, la PNP aplicó la ficha de valoración de riesgo y determinó un ‘riesgo moderado’ para el caso, por lo que remitió la denuncia al Juzgado Mixto de Cajabamba, que, a su vez, el 6 de febrero del 2020 dictó medidas de protección a favor de la mujer, como el cese inmediato de cualquier forma de violencia, la prohibición de la comunicación, el impedimento de acercamiento y el tratamiento psicológico para la víctima y el denunciado. No obstante, el 31 de enero del mismo año, la víctima también había sido atendida en el Centro de Emergencia Mujer de Cajabamba, institución que, de manera distinta, calificó el caso como de ‘riesgo leve’ y realizó el seguimiento en una sola oportunidad.
El Ministerio Público, el 17 de febrero, requirió el inicio de un proceso inmediato contra el investigado por el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar y solicitó un año de prisión efectiva. No obstante, el Juzgado de Investigación Preparatoria y el Juzgado Unipersonal de Cajabamba tardaron excesivamente en realizar las audiencias correspondientes, pues fijaron la audiencia de juicio inmediato recién para el 10 de noviembre, cuando, según el Código Procesal Penal el plazo máximo para resolver un proceso inmediato es de seis días.
Ante la situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca demandó investigar rigurosamente las actuaciones institucionales en el presente caso y, de existir irregularidades, que se sancionen como corresponda. La institución recordó que la celeridad en estos casos es fundamental para garantizar la protección de las víctimas y su acceso efectivo a la justicia.
Además, recordó que la víctima deja en la orfandad a cinco hijos, tres de ellos menores de edad, para quienes el Juzgado Especializado Civil de Cajabamba ya emitió medidas de protección, como la atención psicológica correspondiente, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CEM de Cajabamba, también viene brindando soporte.
