Constructoras Graña & Montero, JJ Camet e ICGSA bajo la lupa
RCR, 07 de noviembre 2017.- La demora en abrir una investigación preliminar contra las empresas peruanas que trabajaron consorciadas con la brasileña Odebrecht, por parte del Ministerio Público, es muy perjudicial para los intereses del Estado peruano, por cuanto ya habrían desaparecido documentación relevante de sus oficinas, y además, han puesto a la venta gran parte de sus activos, lo que haría muy difícil poder cobrar una eventual reparación civil cuando se establezcan responsabilidades penales, sostuvo Katherine Ampuero, ex Procuradora ad-hoc anticorrupción.
Agregó que conforme pasa el tiempo y la Fiscalía no inicia ninguna investigación contra estas compañías – Graña y Montero, JJ Camet, e ICGSA Contratistas Generales -, existe también el riesgo que los presuntos delitos en los que han incurrido por el pago de coimas, puedan prescribir.
“Desde cuando estuvimos en la Procuraduría, pedimos al Ministerio Público que se incorpore en la investigación por corrupción a las tres empresas consorciadas con Odebrecht en la Interoceánica, donde se pagó una coima de US$ 20 millones al ex presidente Toledo. Asimismo, por el pago de US$ 8 millones en sobornos en la Línea 1 del Metro de Lima, según ha declarado el colaborador eficaz Jorge Barata. Sin embargo, la Fiscalía siempre dijo que no”, sostuvo Ampuero en entrevista con RCR.
Estas declaraciones las ofreció en relación a la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, presentada ayer por el congresista Daniel Salaverry (FP), por la «grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción» en el caso Lava Jato. El documento está dirigido a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales que preside la fujimorista, Milagros Takayama, y exige la destitución e inhabilitación del titular del Ministerio Público.
Ampuero comentó que el fiscal Hamilton Castro ha sustentado la decisión de no investigar a estas empresas, porque su despacho estaría “corroborando” la información del colaborador eficaz y, según él, no podría investigar al mismo tiempo. Sin embargo, dijo Ampuero, ello es falso: “La corroboración de la información no es impedimento para iniciar una investigación preliminar, y se pueden llevar juntos”.
Precisó que más allá si la denuncia constitucional del congresista Salaverry es aprobada o no en el Congreso de la República, lo ideal sería que sirva para que impulse el inicio de investigaciones preliminares a las empresas peruanas. “Hasta la fecha no se puede establecer un monto referencial del perjuicio que le han ocasionado al Estado, porque no se tiene acceso a información contable y financiera de las compañías, por lo tanto no se conoce el monto de los embargos necesarios para garantizar el pago de una eventual reparación civil”, acotó.
En opinión de la ex procuradora, la fiscalía no estaría midiendo con la misma vara de justicia a las empresas, independientemente de su poder económico, lo que al final, puede generar impunidad. “Existe un riesgo muy grande que todo quede impune, si el Ministerio Público continúa demorando la apertura de las investigaciones”, afirmó.
ACUSACION CONSTITUCIONAL
La acusación constitucional presentada por el congresista Salaverry obedece a que el fiscal de la Nación no habría tomado las acciones necesarias que su cargo le exige (en el caso Lava Jato) para garantizar e iniciar las acciones legales contra las empresas peruana socias de la empresa Odebrecht. “Tratándose el caso más importante de corrupción en los últimos años en nuestro país, creemos que el pueblo peruano no solo necesita, sino que merece conocer la verdad», comentó Salaverry.
De acuerdo al documento, el Fiscal de la Nación habría vulnerado los artículos 139, 159 y 39 de la Constitución. El documento presentado por el Parlamento, el titular de la Fiscalía habría cometido dos infracciones constitucionales que refiere a los: «principios de independencia e imparcialidad y tutela de la recta administración de justicia» y «principios constitucionales de buena administración y de proscripción de la corrupción».
El congresista deslindó que la denuncia esté relacionada con la investigación a su lideresa, Keiko Fujimori. «Esto no tienen nada que ver con otros temas que están en proceso y están bajo investigación. Es por la omisión funcional por no haber garantizado que se hayan iniciado las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de la corrupta Odebrecht», señaló.
Cabe mencionar, que la excandidata presidencial Keiko Fujimori viene siendo investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos en un proceso que se realiza bajo la ley contra el crimen organizado.
