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MARTHA HUATAY SALIÓ DE PRISIÓN TRAS CUMPLIR CONDENA DE 25 AÑOS POR TERRORISMO

Fuente: Andina
Martha Isabel Huatay Ruiz, sentenciada por pertenecer a la dirigencia de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, salió hoy en libertad hoy, tras cumplir 25 años de prisión por el delito de terrorismo agravado.
Huatay, conocida como «camarada Rosa», dejó el penal de Ancón II, al promediar las 20:00 horas.  Se le vio con lentes oscuros mientras se cubría el rostro con una chalina morada.Martha Huatay fue detenida en octubre de 1992, acusada de ser integrante del Comité de «Socorro Popular del Perú» de Sendero Luminoso, organización que tenía como responsabilidad la  defensa legal de integrantes de esa
organización terrorista.La sentencia que la condenó a 25 años de prisión, además, le atribuye a Socorro Popular las funciones de planificación, desarrollo, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones terrorista de dicha organización.

La abogada fue procesada junto a otros 11 cabecillas de Sendero Luminoso, entre ellos Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Osmán Morote, Oscar Alberto Ramírez Durand, entre otros, en un megaproceso a la cúpula senderista.

Durante el proceso, Huatay guardó silencio y su abogado negó su militancia en Sendero Luminoso, a pesar de que aparece en un video incautado a esta organización política junto a los integrantes de la cúpula senderista, entre ellos Abimael Guzmán.

Aparece también como una de las asistentes al velorio de Augusta la Torre, esposa de Abimel Guzmán Reinoso.

Socorro Popular, de acuerdo a la Policía, fue responsable de acciones terroristas entre ellos el atentado en la calle Tarata, en Miraflores, por el cual es procesado nuevamente Abimael Guzmán, para quien la Fiscalía pide una condena de cadena perpetua.

La fiscalía antiterrorista pidió al Poder Judicial incluir a Huatay en este proceso, pero la solicitud fue rechazada.

Huatay está incluida en el pago de la reparación civil solidaria impuesta por el Estado a la cúpula senderista que asciende 3,700 millones de soles. La procuraduría antiterrorista incautó una oficina de su propiedad, como parte del pago de su reparación civil.