RCR, 29 de agosto de 2020.- Eduardo Mercado Villarán, abogado laboralista asociado al estudio Vinatea & Toyama, señaló que el nivel de conflictividad laboral se ha incrementado durante la pandemia. Precisó que existe un aumento de reclamos y demandas por el incumplimiento de medidas de bioseguridad en los centros de trabajo para evitar contagios por COVID-19.
“Hay contingencias en el ámbito laboral que se viene generando como consecuencia de una serie de beneficios que no se vienen cumpliendo. Lo primero que se tiene que tener presente en este tipo de situaciones es que tanto el empleador como los trabajadores son obligados a cumplir con una serie de normas y lineamientos. Esto ha generado una serie de situaciones conflictivas a la luz de la aplicación de esta normativa o por el incumplimiento de temas económicos”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Explicó que muchas veces la existencia de un reclamo tiene que ver con una situación no atendida de manera adecuada por un empleador. “Lo primero que hay que realizar es tender puentes entre empleadores y trabajadores para buscar soluciones conjuntas. Cuando pasamos a una situación de conflicto con una serie de reclamos terminan en una demanda”, indicó.
“Las demandas que se han generado son por discriminación, acceso al empleo, las personas que han tenido o están teniendo problemas para acceder al empleo, hay procesos por despido arbitrario y temas de reposiciones. Hay casos de trabajadores que por temor a un contagio han renunciado porque consideraban que no se les daba la protección adecuada. Ante esa situación, algunas personas han sido despedidas por no asistir a laborar y esto ha generado otro tipo de proceso. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo es algo que se demanda constantemente”, detalló.
Enfatizó que lo más relevante en la discusión actual son las indemnizaciones por daños y perjuicios que se generan como consecuencia de una situación de contagio . “Cualquier persona intenta mantener intacta su integridad, de no contagiarse, de tener los mejores lineamientos y las mejores situaciones para poder desarrollar sus labores sin exponerse de manera inadecuada”, afirmó.
“Los empleadores están obligados a cumplir con las normas de lineamiento, de protocolos y una serie de normas adicionales que se han venido dando durante todo este tiempo. Y por el lado de los trabajadores, si es que habrían sido contagiados en su centro laboral, también hay obligación de probarlo. Eso es muy complicado cuando a partir de julio se han liberado distintos tipos de actividad económica”, observó.
Agregó que “por el lado de los empleadores, van a tener que acreditar que esta enfermedad no habría sido adquirida a consecuencia de las labores y para ello se tienen que cumplir las normas y acreditar las buenas prácticas pro salud que se hubieran tomado para dar seguridad a los trabajadores”.
“Donde ha habido mucho conflicto es en el ámbito de la minería, de la pesca. Hoy en día hay reclamaciones en otros ámbitos, incluso en el rubro de restaurantes. En empresas que realizan servicios el índice de reclamación es bajo, porque la gran mayoría de personas están laborando desde su casa, pero ese es el porcentaje menor del ciudadano común. Entonces, habría que ponerle el foco al trabajador que sale diariamente y que de alguna manera tiene que exponerse a este tipo de situaciones”, informó.
Respecto a reclamos en el ámbito del contagio comunitario, consideró que es complejo, porque implica que existen diversos agentes que podrían generar ese contagio. “Hay que tener claro que hay que cumplir con la normativa. El empleador puede ser el garante de la salud, pero el trabajador tiene que tener el mismo cuidado. En el contagio comunitario es importante informar de manera adecuada a todos los trabajadores, para que puedan tomar las previsiones del caso”, subrayó.
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