Rcr, 26 de agosto de 2020.- Carlos Herrera Descalzi, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), expresó su desacuerdo con la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque obligaría al Perú a ceder su soberanía ante organismos internacionales de justicia. Advirtió que ese tratado pondría por encima del Estado a grupos ambientalistas que viven a costa de los conflictos sociales en todo el Perú.
Cabe indicar que el CIP hizo público, el pasado viernes 21 de este mes, un pronunciamiento en el cual fija su posición contraria al Acuerdo de Escazú y rechazan su ratificación por parte del Congreso de la república.
“El Colegio de Ingenieros está de acuerdo con la protección del ambiente. El asunto no es el qué, sino el cómo. En el que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el cómo. El Acuerdo de Escazú no se refiere solamente a la Amazonía peruana, se refiere al tema ambiental en cualquiera de los países firmantes”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“El tema sustancial es que lo que se solicita en el Acuerdo de Escazú ya existe en la legislación del Perú y lo que se está haciendo es forzar que el tema pueda ser visto también a través de acuerdos internacionales, es decir que la palabra final sobre un tema de carácter ambiental se tenga que ventilar en acuerdos internacionales y eso es inaceptable, porque el Perú está cediendo su soberanía, cosa que no debería hacer bajo ninguna circunstancia”, remarcó.
Mencionó que en el Perú la protesta contra Escazú nació en la Amazonía peruana. “Todo aquello que proviene de actividades ilegales no está contemplado para nada, es decir Escazú es ineficaz para detener las actividades que hacen el mayor daño ambiental, como son el narcotráfico y la tala ilegal de bosques y otras. En cambio, si ponen mecanismos para detener con suma facilidad, basta con la participación de un grupo de personas que se opongan, la construcción de una carretera o de una infraestructura”, expresó.
“Nosotros ya tenemos la experiencia de crisis de carácter socioambiental que se ha producido en torno a los hidrocarburos y a la minería. No recuerdo una manifestación y protesta contra la minería ilegal, no recuerdo una protesta de esta forma contra la destrucción enorme que se ha hecho contra la naturaleza en Madre de Dios, pero donde se producen las protestas es contra la minería legal. Con un acuerdo de esta naturaleza, esos grupos tendrían que ser protegidos por el Estado, tendrían que tener información especial, podrían ir a un ámbito internacional para discutir sobre la ejecución de algo y la soberanía del Estado quedaría de lado”, remarcó.
Enfatizó que “el daño a la naturaleza que ha hecho el Perú es relativamente muy pequeño en comparación con el resto del mundo”. “Hoy cuando se comienzan las restricciones el Perú no tendría por qué estar en primera línea, porque los mayores causantes son Estados Unidos y China. Para nosotros poner restricciones a nuestra fuente de vida, principalmente de los recursos naturales, más allá de su marco legal, no es una idea inteligente”, dijo.
“Las instituciones imparciales y autónomas tendrían que ser creadas, pero serian autocreadas por grupos ambientalistas que viven de eso. Eso les daría un estatus mayor a costa del Estado. No me parece que sea algo que le pueda convenir al Perú. La secretaría pasaría a ser Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Los propios gobiernos terminarían amarrados. El acuerdo mismo dice que fue consultado, pero yo no recuerdo ninguna consulta. Quien invoca a un acceso a la información universal, no hace lo mismo cuando quiere comprometer al país en acuerdos de carácter internacional”, subrayó.
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