Nota de prensa 

Se solicita atender reclamos de más de 6000 personas afectadas por la derogada norma.

Tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declara inconstitucional la Ordenanza Municipal N° 09-2012, aprobada por la Municipalidad Provincial de Ascope, en la que se disponía la aplicación de papeletas por infracciones de tránsito en los tramos de la carretera Panamericana Norte que atraviesan dicha localidad, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, solicitó a esa municipalidad atender los reclamos de más de 6000 ciudadanas y ciudadanos que se han visto perjudicadas/os por la norma, a lo largo de los últimos ocho años.

Como se recuerda, ante la aprobación de la norma, la Defensoría del Pueblo recomendó reiteradamente a la anterior gestión municipal, suspender las acciones de control, fiscalización e imposición de papeletas por las infracciones de tránsito en la Panamericana Norte. Además, demandó declarar la nulidad de las papeletas impuestas y devolver el dinero cobrado de manera ilegal.

Pese a ello, la comuna continuó con el irregular procedimiento, lo que motivó a la Defensoría del Pueblo a recomendar al Procurador Público Especializado en Materia Constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos iniciar acciones ante el TC contra la Municipalidad Provincial de Ascope.

Luego de tres años, el máximo intérprete de la Constitución se pronunció a favor de la posición formulada por la Defensoría del Pueblo, declarando inconstitucional la totalidad de la ordenanza municipal emitida por la anterior gestión municipal de Ascope y estableciéndola, junto con la decisión recaída en los Expedientes acumulados 002-2017-PI/TC, 0005-2017-PI/TC y 0025-2018-PI/TC, como precedente para otras normas similares en todo el país.

Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero, saludó la medida y demandó que se atienda a los miles de conductores particulares y transportistas que se han visto perjudicados durante la vigencia de la norma anterior. En ese sentido, requirió a la actual gestión de la Municipalidad Provincial de Ascope diseñar una estrategia que incluya la contratación de un ejecutor coactivo, con el fin de evaluar cada uno de los casos de multas y retenciones de cuentas bancarias para proceder a la devolución de los montos cobrados.

El representante de la Defensoría del Pueblo también exigió que todas las gestiones realizadas en los últimos años sean puestas en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Órgano de Control del Ministerio Público a fin de determinar responsabilidades y sancionar, de ser el caso, a los funcionarios ediles, que autorizaron el procedimiento de las multas ilegales, así como de los representantes de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope, quienes no se pronunciaron pese a la gravedad de la situación.