Fuente: Andina

Bogotá, oct. 8. La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este domingo de la presunta responsabilidad de la policía en la muerte de seis cocaleros en una zona fronteriza con Ecuador, un hecho que las autoridades adjudican a disidencias de las FARC.
«Se permitió conocer por parte de las personas afectadas que en los hechos donde murieron seis personas se presume la participación de miembros de la policía antinarcóticos», dijo el vicedefensor, Jorge Calero, en un mensaje enviado a periodistas.

El gobierno y la fuerza pública han culpado de la violencia que el jueves causó la muerte de seis personas, entre ellos dos indígenas, y dejó heridas a otras 20 en el municipio de Tumaco, a guerrilleros disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz.

Pero las comunidades campesinas han denunciado que uniformados abrieron fuego contra los manifestantes que rechazaban la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona, la de mayor sembradíos en el país de hoja de coca, base de la cocaína.

La fuerza pública asegura que detrás de las protestas está un grupo «residual» de guerrilleros que supuestamente forzó a los campesinos a protestar.

Además, el ejército y la policía responsabilizan a este grupo de haber lanzado artefactos explosivos contra los uniformados y la población en medio de la protesta, que según la Defensoría congregó a 1.500 personas.

Sin embargo, «la comunidad ha coincidido en afirmar que en el lugar de los hechos no hubo intervención ni injerencia de grupos armados ilegales ni tampoco el lanzamiento o activación de ‘tatucos’ o cilindros bombas», agregó Calero, quien presidió una comisión humanitaria que se desplazó hasta el lugar para verificar los hechos.

La Defensoría, que pidió a la fiscalía una investigación «eficaz», indicó en un comunicado que durante su visita «no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba».

Además, sostuvo que las comunidades descartaron «la participación» del ejército «en los hechos violentos y exaltaron el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos».

La autoridad forense estatal informó el sábado que las necropsias permiten concluir que los cocaleros fallecieron por «lesiones causadas por proyectil de alta velocidad» que no fueron disparados a corta distancia.
 
Confrontar pruebas
«Estos testimonios de las comunidades tienen que ser confrontados con las pruebas técnicas de evidencia material de prueba que está recabando la fiscalía», dijo el vicepresidente de la República, el general retirado Óscar Naranjo, desde Tumaco.

Naranjo, uno de los negociadores del gobierno en los diálogos con las FARC en La Habana, afirmó que espera que la policía suspenda disciplinariamente a los uniformados presuntamente involucrados «para dar garantías plenas mientras la justicia llega a una decisión concluyente en materia de responsabilidad».

Más tarde, el vicepresidente rechazó «unos hechos confusos», también en Tumaco, en los que una comisión humanitaria acompañada de periodistas y campesinos que pretendía entrar a una base de la fuerza pública para verificar los hechos del jueves fue atacada por policías con disparos al aire y granadas de aturdimiento.

Aunque no se registraron heridos, Naranjo consideró que los uniformados actuaron de manera «irregular» y aseguró que el gobierno exigió a la policía que se disculpara.

«La Institución lamenta este hecho, ofrece excusas públicas a los integrantes de la comisión y reitera su disposición de colaborar con la investigación respectiva», indicó la policía en un boletín.

Campesinos cocaleros en varios puntos de Colombia, principal productor y exportador de cocaína, se oponen a la eliminación de los narcocultivos por considerar insuficientes las ayudas económicas que ofrece el gobierno a cambio de que siembren productos lícitos.

En el acuerdo de paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en partido político, se comprometen a ayudar al Estado a combatir el narcotráfico, que desde los años 1980 fue utilizado como método de financiación por los distintos actores del conflicto armado.

El presidente Juan Manuel Santos dijo el viernes que su gobierno seguirá con el plan antidrogas pese a la muerte de los cocaleros.