Nota de prensa
Desde 2016 hospital no cuenta con tomógrafo.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó concretar urgentemente un convenio con una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS) privada, que esté autorizada para brindar el servicio de tomografías en beneficio de los pacientes con COVID-19 principalmente. Este pedido lo realizó ante la dirección del Hospital Regional II-2 “José Alfredo Mendoza Olavarría” y la Unidad Desconcentrada Regional Sistema Integral de Salud (UDR SIS).
Durante la emergencia sanitaria, la oficina defensorial atendió las quejas de familiares de pacientes con coronavirus, quienes informaron que deben asumir el costo de S/ 260 en un centro privado ante la falta del servicio de tomografías en el Hospital Regional de Tumbes. Dicho pago lo realizan pese a estar afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).
Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Abel Chiroque, sostuvo que se está vulnerando el derecho a la gratuidad de los servicios de salud para los pacientes que se encuentran afectados por COVID-19. “Esta situación se agudiza en un contexto de crisis por la emergencia sanitaria, donde resulta necesario e indispensable la realización de este examen complementario para determinar la severidad y el porcentaje de compromiso de daño pulmonar”, indicó el funcionario.
Cabe precisar que el 29 de julio de 2020, la institución se reunió con miembros de la UDR SIS, quienes confirmaron que, desde el 2016, el Hospital Regional JAMO II-2 no cuenta con un tomógrafo operativo. Esta carencia vulnera el derecho al acceso a la salud de los usuarios/as de este hospital y pone en riesgo su integridad
Asimismo, teniendo en consideración que los familiares de los pacientes COVID-19 vienen asumiendo el costo de las tomografías, el 3 de agosto de 2020, se sostuvo otra reunión con la dirección del Hospital Regional para demandar la atención a esta necesidad a través de la suscripción de un convenio con un establecimiento privado. También, se remarcó que dicho acuerdo se debe realizar mediante la coordinación con la UDR SIS, a fin de que brinde la asistencia técnica para materializar esta gestión.
Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes recuerda que el SIS está en la obligación de asumir el costo de los servicios médicos requeridos para brindar un tratamiento adecuado a las personas afectadas por COVID-19; en especial, debe tener el alcance en aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son las personas adultas mayores.
