Nota de prensa 

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se exige un mejor desempeño de las autoridades en la atención de esta población.

Falta de información oficial sobre afectación de la pandemia en comunidades afecta las estrategias sanitarias.

A cinco meses de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades de todos los niveles priorizar una agenda pública para la prevención y contención del COVID-19 en las comunidades nativas, campesinas y otras localidades indígenas, al tratarse de un sector muy vulnerable que viene siendo seriamente afectado, situación que se agrava debido a un sistema de salud precario y la difícil geografía que las rodea.

Uno de los aspectos de mayor preocupación para la institución es que el Estado aún no cuenta con información pública sobre el número de personas indígenas afectadas, ni tampoco con un sistema de registro que contemple el número de comunidades en las que se haya identificado casos de COVID-19. Sin embargo, en el marco de la Comisión Multisectorial, creada por la Resolución Suprema Nº 005-2020-MC, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, al 19 de julio, había 10 426 casos positivos en población indígena a nivel nacional, sin que haya cumplido con brindar información actualizada del número de personas indígenas contagiadas, hospitalizadas, recuperadas y fallecidas.

Al respecto, en los meses de junio y julio, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Salud y al Minsa sobre la implementación de la variable de pertinencia étnica en los registros del COVID-19, dispuesta en el Decreto Supremo N°005-2020-MC. De la información brindada por 9 de los 24 departamentos supervisados, hasta el momento, habría más de 6200 personas indígenas contagiadas y más de 20 fallecidas; advirtiéndose una diferencia importante respecto de la información brindada por la autoridad sanitaria nacional y los gobiernos regionales sobre la afectación de la pandemia en la población indígena.

Ante estas cifras, y al conmemorarse hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo formula un llamado a todas las autoridades a salvaguardar la vida y la salud de los 55 pueblos indígenas del país, conformados por más de 6 millones de personas que se autoidentifican como parte de ellos, a través de estrategias sanitarias sostenibles hasta que se controle la pandemia en sus territorios.

Para ello, como lo ha venido exigiendo la institución, es necesario reforzar los servicios de salud del primer nivel de atención dentro de las comunidades indígenas, destinando un mayor número de profesionales de la salud y mejorando sustancialmente la infraestructura y condiciones logísticas de los mismos. De igual forma, urge garantizar vehículos para la atención de las emergencias y disponer concentradores de oxígenos para todas las comunidades, en especial, para aquellas que se encuentren en las zonas más alejadas. Estas acciones deben realizarse de manera articulada con las autoridades comunales y las organizaciones indígenas.

Por otro lado, si bien el Estado viene realizando acciones para la implementación del “Plan de intervención del Ministerio de Salud para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonia frente a la emergencia del COVID-19”, del 21 de mayo, cuyo presupuesto fue aprobado recién a fines de junio, estos esfuerzos aún resultan insuficientes. En las últimas semanas, se han advertido intervenciones principalmente en los departamentos de Loreto, Amazonas y Ucayali, cuyas comunidades han sido severamente afectadas por la pandemia. En ese marco, cobra especial importancia reforzar de manera inmediata estas acciones y darle un impulso a la labor de los Comando COVID-19 indígenas de las zonas amazónicas.

Asimismo, la entidad advierte que, a la fecha, no existe un plan de atención con pertinencia cultural y presupuesto específico para las comunidades campesinas andinas y altoandinas de nuestro país, pese haber sido requerido por la Defensoría del Pueblo y representantes de organizaciones indígenas. Frente a esta omisión, la Defensoría del Pueblo demanda a las autoridades nacionales adoptar las acciones correctivas necesarias y destinar recursos para fortalecer la atención y el servicio de salud de estas comunidades, responsabilidad que también recae en las autoridades sanitarias regionales y locales.

Finalmente, se exhorta al Estado, en sus tres niveles de gobierno, a revertir el abandono histórico de las comunidades indígenas de las zonas rurales del país, cuya falta de acceso a los servicios públicos esenciales como el agua y saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, internet, transporte, educación, entre otros, se ha visto evidenciada durante la emergencia sanitaria, limitando en gran medida el ejercicio de sus derechos humanos.