Fuente: NP. Congreso de La República
La ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, informó el miércoles 3 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología, que continúan paralizados los trabajos de exploración del Lote 192 –ubicado en el distrito de Andoas, Loreto,- que realiza la empresa Pacific Stratus, con el cual el Estado mantiene un contrato hasta febrero de 2019.
Los pobladores de esa zona y comunidades adyacentes a la zona de 512 mil hectáreas, piden una compensación por las tierras en explotación. Al respecto, la titular del sector dijo que en los dos últimos años se realizaron inversiones por cuatro millones de dólares para las comunidades que se tradujo en obras de servidumbre, construcción de canteras, salud y política de contrataciones por cinco millones de dólares.
Aljovín señaló que desde 1970 ha habido problemas socioambientales desde que estuvo en manos de Pluspetrol y de otras compañías. Siempre se tuvo una percepción negativa y se hizo evidente entre 2012 y 2014 cuando se encontraron 92 sitios impactados en suelos, aire y agua, de los cuales 32 situaciones de contaminación serán atendidas.
Dio a conocer que se está trabajando en una redistribución del canon y en la capacitación a los pobladores de las comunidades indígenas; y que está en estudio la creación de un fondo de contingencia de remediación ambiental.
Sostuvo que se han realizado dos procesos de consulta previa con esas comunidades y está en marcha una mesa de diálogo antes que concluya este año. La primera se realizó el 10 de mayo pasado. Todas estas acciones constan en lo que se ha denominado el Acta de Saramurillo. Algunos compromisos se han cumplido y en otros se están realizando acciones para su ejecución. Se incluye un plan de inversiones que van desde turismo hasta actividades productivas.
Otros de los temas que abordó la ministra de Energía y Minas fueron sobre el proceso de consulta previa y una próxima Ley General de Hidrocarburos. Sobre el primero dijo que se ha consultado 25 localidades y que en las zonas del Alto Pastaza y Tigre se llegaron a ocho acuerdos bajo este mecanismo. La consulta, señaló, es por 30 años. Respondiendo a una pregunta del congresista Bienvenido Ramírez, dijo que mientras no haya una labor de explotación minera no hay una consulta previa. Agregó que el diálogo con las comunidades no se ha roto y se mantiene en curso. Dio a conocer que desde abril de este año hay un nuevo pedido de consulta previa sobre el lote 192.
Respecto a los compromisos ambientales, Cayetana Aljovín dijo que desde mayo de 2015 se debió contar con un informe independiente de la zona y que hay un financiamiento de 900 mil dólares para realizar el estudio sobre estrategia de remediación ambiental.
Anunció también que se está trabajando una nueva Ley General de Hidrocarburos porque la vigente es de los años 90. Se necesita una ley promotora porque en los dos últimos años ha habido, por ejemplo, una franca disminución de los trabajos de exploración y explotación y regalías.
En la sesión, el presidente de la comisión, Marco Arana, pidió a la ministra que incluya en las visitas a la región a representantes de ese grupo multipartidario para ver en el lugar los problemas y necesidades de las comunidades. Por su parte, la congresista Tania Pariona pidió que se elabore un cronograma de trabajo para la remediación ambiental; y en este mismo sentido, Juan Carlos Del Águila pidió la creación de un fondo de contingencia con el mismo propósito.
VICEMINISTRO DEL INTERIOR
A continuación se presentó en la comisión el viceministro del Interior, Ismael Vargas Céspedes (ante la ausencia del titular, Carlos Basombrío, por motivos de viaje) para informar sobre la muerte de 10 comuneros de las zonas de Santa Clara y Nueva Requena.
Representantes de esas comunidades informaron minutos antes que son víctimas de amenazas de muerte desde 2014 porque se oponen a la tala ilegal y deforestación de la selva en aproximadamente cinco mil 500 hectáreas, solo en sus zonas porque “la más golpeada es Ucayali”. Ellos responsabilizan a las empresas transnacionales y a Palma Aceitera de estos “atentados a la vida”.
El viceministro estuvo acompañado del general PNP, Richard Zubiate, Director General de la Policía, y del director general de Investigación Criminal de la PNP, general Miguel Núñez.
Ellos informaron que la PN ha realizado 84 megaoperaciones contra bandas organizadas, 4 en Ucayali y que la muerte de los comuneros se debió a problemas de tierras
