Nota de prensa
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín advierte que, tras una supervisión a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huancayo, se identificó que el servicio educativo a distancia prestado por las instituciones educativas privadas en la provincia de Huancayo no se encontraría garantizado, debido a que 104 (24.4 %) de ellas no cumplieron con presentar sus planes de recuperación y/o adaptación de clases y que 152 (37.5 %) no presentaron detalle de la información otorgada a los padres de familia sobre el servicio educativo, incluido el costo del mismo.
La supervisión permitió determinar, además, que si bien la UGEL Huancayo cumplió con informar a la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) la relación sistematiza de las instituciones educativas privadas que no cumplieron con la presentación o adaptación de los planes de recuperación en los plazos establecidos, no informó respecto de los colegios que no comunicaron el referido plan a los padres de familia.
“El D.L.1476 establece que los colegios privados deben informar sobre las adecuaciones para el servicio educativo a distancia teniendo en cuenta las prestaciones que brindaban de manera presencial y cuáles de esas ya no se brindan en la educación a distancia. También indica que se debe informar sobre el costo del servicio, incluido el pago de la matrícula y la pensión, desagregando los conceptos que pueden ser brindados de manera remota y aquellos que no”, manifestó Teddy Panitz, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín.
Ante estos hallazgos, la oficina defensorial demandó a la UGEL Huancayo iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente a las instituciones educativas privadas que incumplieron con las disposiciones establecidas en el D.L.1476. Asimismo, cumplir con informar a la DREJ y a Indecopi la relación de los colegios infractores para que actúen según sus competencias.
Finalmente, la institución exigió que la UGEL Huancayo supervise continuamente la prestación del servicio educativo a distancia. Para ello puede requerir a las instituciones educativas privadas, información y/o documentación, solicitar información a otras entidades, o realizar cualquier otra actuación necesaria.
