RCR, 24 de julio de 2020.- Giannina Avendaño, jefa del programa de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, informó que ha pedido a las empresas eléctricas una corrección de las facturas y una exoneración de pagos para familias afectadas por la crisis económica. También dijo que no se puede exigir a los usuarios a efectuar sus reclamos, porque las colas son fuentes de contagio por COVID-19 y existe una deficiencia en la atención de las páginas web y los teléfonos.
“Estamos pidiendo una revisión de las facturas y una exoneración, porque hay montos excesivos que las familias no van a poder pagar. Tampoco van a poder pagar en fraccionamiento, porque eso se va a sumar a su consumo que viene de ahora en adelante. Entonces, pedir que paguen esos montos que exceden en 400% es inviable en las condiciones actuales, donde muchas personas han perdido sus empleos y estamos en etapa de recuperación económica”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que “no podemos esperar a que todos los usuarios vayan a reclamar, porque las líneas telefónicas no atienden a todos, hay deficiencias en la atención virtual, gran cantidad de personas no pueden estar haciendo colas en las oficinas comerciales, porque también son fuentes de contagios y una preocupación adicional a los problemas económicos que ya atraviesan estas familias”.
Anunció que “en caso que los usuarios no puedan efectuar sus pagos por diversas razones la Defensoría cuenta con una línea gratuita 0800-1-5170, que atiende las 24 horas, a través de la cual nos pueden hacer llegar consultas y nosotros directamente vamos a intervenir con las empresas para que su situación sea atendida”.
Informó que la Defensoría del Pueblo ha advertido que, en estos meses de cuarentena, que va de marzo a julio, se han producido facturaciones por distintos mecanismos, que van desde los promedios de consumo hasta las lecturas y la combinación de ambos, en las 23 empresas a nivel nacional. “Esto ha generado un desfase que al final ha terminado perjudicando a los usuarios y generado que los recibos sean mayores”, comentó.
“Hemos visto que comercios que han estado cerrados en estos meses tienen una factura como si hubieran estado laborando normalmente cuando en realidad no han tenido ningún tipo de consumo o familias que, si bien pueden haber consumido un poco más por la pandemia, tampoco tiene una explicación que la factura sea mucho más alta”, dijo.
Indicó que “las empresas no han dejado de facturar, mes a mes han ido facturando erróneamente, porque la facturación no ha sido del todo clara”. “Muchas de ellas no han contado con personal que vaya haciendo las mediciones casa a casa. Al no haber esa constatación lo que se ha hecho es aplicar promedios”, afirmó.
“Este tipo de facturación afecta sobre todo a los comercios que han estado cerrados. En otros casos realizaron lecturas mal hechas que se han combinado con promedios que han afectado a los usuarios. Vemos casos de personas que han estado pagando mes a mes y en julio ha venido una factura acumulada de lo que supuestamente no se leyó y es una factura exorbitante que resulta impagable”, subrayó.
Informó que, si “la empresa pide cancelar y después ver el caso, es totalmente ilegal”. “Incluso Osinergmin ha tenido que señalar públicamente que eso es vulnerador a los derechos de los usuarios. Los usuarios tienen derecho a reclamar y luego que se resuelva el reclamo, recién la empresa esta habilitada a poder cobrar, antes no puede hacerlo y tampoco puede suspender el servicio. Por ello, nosotros pedimos una refacturación general”, remarcó.
