RCR, 22 de julio de 2020.- Iván Arenas, analista político y columnista del portal de opinión El Montonero, sostuvo que las violentas manifestaciones antimineras en Espinar han sido activadas por el alcalde Lolo Arenas, diversas ONG izquierdistas y grupos radicales, que quieren pulverizar la industria minera. Denunció, además, que el congresista Lenin Bazán (Frente Amplio) impulsa un proyecto de ley populista para modificar el marco normativo de la consulta previa, con la intención de paralizar las operaciones mineras en el Cusco y en todo el país.
“Estamos hablando por un lado de un alcalde que quiere implementar medidas populistas y por otro lado a las ONG que quieren pulverizar la minería. Se han juntado dos tendencias y dos fines que han originado estas protestas violentas y estemos en camino de un diálogo”, afirmó el analista a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que “hace unos 30 días, el alcalde de la provincia de Espinar, Lolo Arenas, junto a varios consejeros, hicieron una sesión de concejo y allí, sin tomar en consideración ningún criterio técnico votaron a favor de la repartición de un bono solidario de S/. 1,000 para cada espinarense, esto porque la crisis económica ha afectado a todo el país”.
“El alcalde Lolo Arenas, fustigado por un concejo adverso, lo que hizo fue una medida que le iba a dar réditos políticos y por eso sometió al voto y promovió esta idea del bono. Evidentemente a la gente le cae muy bien S/. 1,000, pero en contra del esquema técnico del convenio marco. No existe una alta incidencia de pobreza que justifique la entrega de S/. 1,000. Existe una clase media poderosa y existen muchos empresarios que viven alrededor de la minería y a los que no se les ha dejado pagar durante estos meses que está durando la pandemia”, destacó.
Manifestó que “estas divergencias han llegado a esta etapa difícil donde ha habido enfrentamientos. Entiendo que se ha formado una mesa de diálogo”. “También ha habido varias organizaciones no gubernamentales (ONG), de clara tendencia izquierdista. Estuvo la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, estuvo también una ONG que venía de Sicuani. Hay un frente de defensa muy poderoso. Lo que se ha formado ahí es que estas ONG han impulsado este pedido del alcalde”, dijo.
“Las ONG han dirigido buena parte de los reclamos, han metido carbón a la población y han generado más protestas. El objetivo de ellos es liquidar las inversiones mineras a como dé lugar. Además de eso, las ONG han venido indicando a la población y a las autoridades que las empresas mineras, a través de sus contratistas, son las que han llevado el COVID a los distintos lugares del Corredor Minero del Sur. También se ha formado allí otra opinión en contra de las empresas mineras”, recalcó.
Corredor Minero del Sur
El analista subrayó que “es importante que las autoridades nacionales y regionales pongan los ojos en lo que está sucediendo en el Corredor Minero del Sur y sobre todo con los objetivos que persiguen las diversas ONG y diversos líderes de izquierda que de alguna u otra manera tratan de jalar agua para su molino”.
También dijo que Espinar es una provincia próspera con un reducido índice de pobreza gracias a la industria minera. “Problemente donde hay más clase media poderosa es Espinar. La minería es la que ordena la producción y la economía. La empresa nunca ha dejado de pagar a sus proveedores locales durante la pandemia. Esto significa que la cadena de pagos no se ha roto en los empresarios locales, son muchos los proveedores y las contratistas”, dijo.
“Las necesidades en Espinar no son tan fuertes, porque hay una baja incidencia de pobreza y pobreza extrema. La economía gira en torno a las empresas mineras. El motor de la economía en Espinar ha seguido, no se ha cortado como en el resto del país. Espinar es una de las pocas provincias que tiene pleno empleo en la región. Acá no estamos hablando de gente que necesita y sea pobre. Eso hay que recalcarlo. Entiendo que hay una situación de crisis económica para todos, pero hay que entender que la situación en Espinar es muy particular”, puntualizó.
Ley contra industria minera
Arenas también denunció que “en el Congreso, a través de la Comisión de Pueblos Andinos, que dirige el legislador Lenin Bazán que es del Frente Amplio, quieren crear organismos paralelos al Estado”. “Bajo el pretexto del bien común, quieren formar una especie de grupos organizados de la sociedad civil, que vigilen y fiscalicen y monitoreen los proyectos extractivos. Y estos grupos evidentemente van a ser imaginados por las ONG”, aseveró.
“Lo que quieren es cambiar exclusivamente la consulta previa, que es mejorar las potencialidades de un proyecto y ellos lo han tomado como parte de una licencia social que no existe, lo que quieren es cambiar el artículo 9 de la consulta previa, donde habla de ‘pueblos afectados’, para cambiar esa frase por la de ‘pueblos que se sientan afectados’. Esto quiere decir que cualquier pueblo que se sienta afectado, a pesar de no tener ningún recurso técnico, puede denunciar y paralizar las operaciones de una empresa minera”, remarcó.
Comentó que “existe una plataforma de afectados por metales pesados y el exministro de Salud, Víctor Zamora, les ha dado participación, es decir el Gobierno ha avalado los mitos de que las empresas mineras contaminan”. “Lo que la izquierda quiere es primero avanzar en la normativa para bajarse ladrillo por ladrillo la Constitución. Quieren avanzar desconociendo los acuerdos. Si cae el convenio marco esto va a ser una especie de hito para que otras organizaciones avaladas por alcaldes irresponsables puedan bajarse los convenios (en otros proyectos). No se puede, hay que buscar un punto medio”, dijo.
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