Fuente : Diario Exitosa 

Exfuncionario de comuna capitalina revela hechos que vinculan a la campaña por el No con los casos Rutas de Lima, Línea Amarilla y Westfield.

Las declaraciones brindadas por el exfuncionario de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro a la Fiscalía, como parte de su adhesión a la colaboración eficaz en las indagaciones que se le siguen por haber favorecido a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, provocaron un terremoto cuyas consecuencias en el círculo más cercano de la exalcaldesa Susana Villarán pueden ser más graves de lo previsto.

Fuentes del Ministerio Público revelaron a EXPRESO que el testimonio de Castro -al que Odebrecht asignó el codinome ‘Budián’- será utilizado en los casos Rutas de Lima, Línea Amarilla, No a la revocatoria y Westfield, al existir hechos vinculados a los proyectos y aportes a dicha campaña para que la exburgomaestre permanezca en el cargo.

Los nuevos elementos proporcionados por Castro Gutiérrez el pasado 22 de junio servirán para concatenar las versiones que brindaron los exdirectivos de Odebrecht y OAS a los fiscales peruanos durante los últimos interrogatorios que se programaron en Brasil.

“Esta es una línea de investigación con nuevas pistas, nuevos personajes implicados y hechos. Con las declaraciones [de Castro] se darán más luces sobre las participaciones de cada uno y el destino del dinero que recibió la gestión Villarán”, indicaron las fuentes.

Hace unos días, el aspirante a colaborador eficaz detalló las entregas de dinero que se hicieron con fondos de Odebrecht y OAS a políticos cercanos a la administración de Villarán durante la campaña por el No a la revocatoria en el año 2013.

HECHOS
Castro refirió ante la Fiscalía que Anel Townsend, ex portavoz del No a la revocatoria, recibió 20,000 dólares en dos armadas. Mencionó además que las exregidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui visitaron entre seis y ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña del No a la revocatoria de Villarán.

Para estas acciones –dijo Castro- autorizó a Luis Gómez Cornejo, tesorero de la campaña y actualmente prófugo de la justicia, que entregara a Glave y Reátegui S/ 60 mil.

Respecto a Jaime Salinas, quien fue regidor del PPC y opositor a la gestión de Villarán, dijo que le dieron 120 mil dólares para generar un acercamiento con su partido de cara a la campaña del No a la revocatoria.

Sobre Jorge Nieto, el ex brazo derecho de Villarán manifestó a la Fiscalía que OAS pagó una deuda de US$ 60 mil que tenía la exalcaldesa con él por asesorías.

A la luz de esas declaraciones, el fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato, que tiene a su cargo el caso, abrió investigación por un plazo de ocho meses contra Glave, Reátegui, Townsend, Nieto, Salinas y otros por los delitos de cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Fuentes de la Fiscalía señalaron a EXPRESO que se dejó abierta la posibilidad de que ese caso se adecúe al delito de organización criminal.

“La puerta está abierta, no se descarta que más tarde se configure el delito de organización criminal de acuerdo al avance de las investigaciones. Se puede ampliar el plazo de investigación, por ahora solo son ocho meses”, manifestó un vocero cercano a las indagaciones.

El delito de organización criminal entró en vigencia en el año 2016 luego del Decreto Legislativo N° 1244 y se encuentra enmarcado en el artículo 317 del Código Penal referido a delitos contra la administración pública.
constructoras

En su testimonio ante el fiscal Puma del pasado 22 de junio, Castro también señaló que “los ingresos para la campaña de la No Revocatoria en el 2013, provenientes de empresas constructoras, fueron aproximadamente 7.2 millones de dólares”.

De ese monto total, 4 millones de dólares fueron aportados por OAS, 3 millones de dólares por la brasileña Odebrecht y 200,000 por la peruana Graña y Montero.

En tanto, Hernando Graña, también aspirante a colaborador eficaz, habría declarado a la fiscal Geovanna Mori, según informó el diario El Comercio, que, en enero de 2013, antes de que Graña y Montero se adjudicara el proyecto Vía Expresa Sur, tuvo varias reuniones con Castro para tratar sobre temas vinculados al proyecto del túnel Santa Rosa, a cargo de GyM.

Semanas después, cuando ya había culminado el proceso de la revocatoria, Hernando Graña se volvió a reunir con Castro para ver la programación de los pagos de los arbitrajes por los laudos a favor de Graña y Montero relacionados al derrumbe del proyecto del túnel Santa Rosa, y ahí fue cuando ‘Budián’ le pidió 200 mil dólares.

“Castro me dijo que tenían deudas de campaña e insistió en un apoyo económico de nuestra parte, que ya no podíamos poner excusas, solicitándome la suma de 200,000 dólares”, señaló Graña.

PEAJES
En el caso Línea Amarilla, el exdirector de OAS Leo Pinheiro, durante su interrogatorio, admitió ante los fiscales peruanos que pagó 6 a 7 millones de dólares a Castro para aumentar la tarifa de los peajes de la Línea Amarilla (Lamsac). La Procuraduría ad hoc solicitó en 2019 que dichas empresas sean incorporadas como tercero civil responsable y el juez Jorge Chávez Tamariz aceptó tal solicitud. Al respecto, Castro deberá ampliar su declaración, indicaron las fuentes.

Si OAS fue la ejecutora de la Línea Amarilla, Odebrecht participó en la obra Vías Nuevas de Lima a través de la concesionaria Rutas de Lima. El proyecto buscaba rehabilitar la infraestructura vial de las carreteras Panamericana Norte y Sur y la autopista Ramiro Prialé.

Con las últimas revelaciones del ex gerente municipal de la comuna metropolitana, la Fiscalía tiene más clara la conexión que existió entre la transnacional brasileña y la gestión de Villarán, pues ya contaba con la confesión de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, quien confirmó haber realizado pagos a favor de la exalcaldesa por 3 millones de dólares.

WESTFIELD
En junio pasado, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda por los pagos que Odebrecht le hizo a la empresa Westfield Capital, luego que Castro contó de manera detallada cómo se produjeron los arreglos.

Durante su declaración, Castro dijo a Pérez que en el año 2013 recibió a Raúl Pereyra, representante de Odebrecht y gerente general de Rutas de Lima, acompañado de Sepúlveda, a quien presentó como su asesor financiero.

Indicó que su visita fue para solicitar beneficios adicionales a la concesionaria Rutas de Lima y que esto se haría en la Adenda de Bancabilidad. Además, el ex funcionario edil agregó que el municipio dejó abierta la posibilidad de elevar la tarifa para financiar obras adicionales y posibles expropiaciones.

LLUVIA DE MILLONES
La intención de Pereyra era implementar una inversión adicional de 200 millones de dólares que sería ejecutada por Odebrecht y que luego pasaría a ser 700 millones de dólares.

Además, los beneficiarios serían Sepúlveda, Westfield Capital y Kuczynski, quienes eran los comisionistas del cierre financiero, según la tesis de la Fiscalía.

Los voceros agregaron que, en este caso, una de las líneas de investigación que se sigue es la estructuración financiera que hizo Sepúlveda para Rutas de Lima.

La próxima semana, los días 21 y 22 de julio desde las 10 de la mañana, el empresario chileno deberá acudir al Ministerio Público para responder por este caso.

La Fiscalía imputa a PPK y a Sepúlveda el delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal.

PESCADO CORRUPTO
El 26 de abril de 2019, Jorge Barata dijo a los fiscales que puso el sobrenombre de ‘Budián’ al ex gerente municipal de Susana Villarán, José Miguel Castro, porque le recordaba a un pescado con boca hacia adelante y cachetes grandes.

15 AÑOS DE PRISIÓN
El abogado penalista Andy Carrión explicó que si se llegara a comprobar que Glave, Townsend, Nieto, Salinas y otros cometieron los ilícitos que se les imputan, la Fiscalía podría solicitar que se les imponga de 5 a 8 años de prisión por el delito de cohecho. Por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos podrían recibir penas de entre 8 y 15 años de cárcel.

SE QUEDA EN PERÚ
El martes 14, el juez Jorge Chávez impuso 6 meses de impedimento de salida al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, investigado por haberse coludido con Pedro Pablo Kuczynski en la concesión de los tramos II y III de la Intoceánica Sur para favorecer a Odebrecht.