RCR, 14 de julio de 2020.- Miguel Ángel Rodríguez Mckay, experto en Derecho Internacional y docente universitario, advirtió que si el Congreso aprueba el Acuerdo de Escazú, sobre temas ambientales, firmado el 2018 en Costa Rica, será un instrumento que lesionaría la soberanía del Perú. También dijo que dicho convenio provocaría el estallido de 280 conflictos sociales que están latentes en todo el país.
“El tratado de Escazú que el Perú firmó con la ministra (Fabiola) Muñoz y que nunca debió firmar, es absolutamente lesivo para el principio de soberanía del estado peruano. Lo más importante que debe conservar el Estado es su soberanía. La soberanía que Escazú está poniendo en riesgo no es la pérdida de territorios, sino la capacidad de decisión sobre asuntos que tienen que ver con el territorio peruano”, sostuvo el internacionalista a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Este tratado de Escazú primero habla del acceso a la información, pero el asunto es que Escazú permite que los privados y públicos nacionales y extranjeros puedan intervenir en las decisiones sobre el territorio nacional, sobre la tala de bosques, sobre la conservación del medio ambiente, sobre Machu Picchu, sobre La Pampa”, explicó.
Remarcó que una toma de decisión en todo Estado serio corresponde siempre a la autoridad central, política, judicial o legislativa. “Aquí se abre el abanico y en el mismo nivel que el Estado están las ONG, que fácilmente van a engatusar, engañar y manipular a las poblaciones indígenas, los van a llevar a que pongan peros al contenido de un eje de desarrollo para promover una controversia”, dijo.
“Con una controversia estamos expeditos, de acuerdo al artículo 19 de Escazú, para que se resuelva en la Corte Internacional de Justicia. Y ahí está el descalabro jurídico, que se quiera llevar a una instancia supranacional la gobernanza intraestatal. Mañana más tarde la Corte puede decir que se construya un puente sobre el Boquerón del Padre Abad, es decir va a decidir sobre la vida intraestatal de los peruanos. Eso no es admisible en ninguna parte del mundo”, precisó.
Responsabilidad política
Rodríguez Mackay consideró que “la ministra Fabiola Muñoz tiene responsabilidad política por haber firmado un instrumento que felizmente no es vinculante en esta etapa”. “Hay una responsabilidad porque debió someter erga omnes (frente a todos), a todos los peruanos, un instrumento que en su estructura no permite las reservas. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 consagra que todo tratado debe tener reservas. La reserva es la capacidad para no aplicar uno o tres artículos, pero no hay nada eso. Eso es como ponerse una pistola en la sien”, afirmó.
“El canciller ya se ha pronunciado en una carta hace unos días y ha dejado a entrever que la naturaleza del acuerdo de Escazú nos puede llevar a una circunstancia supranacional riesgosa donde puede haber alguna consecuencia para el país. Yo hubiera preferido una carta del canciller menos diplomática, dirigida al presidente del Congreso y más política”, aseveró.
“El canciller es un diplomático de carrera, pero es un actor político. Yo hubiera dicho en la carta a la luz de todos estos elementos y mirando que la supranacionalidad de la Corte es desventajosa para el Perú, mi despacho opina y cree conveniente que no debe ratificarse el acuerdo de Escazú. No se ha hecho eso todavía, yo espero que, en estas evaluaciones que se están haciendo, se tome la mejor decisión que es patear de la mesa de partes un acuerdo que es absolutamente lesivo para la soberanía del Estado”, agregó.
Alertó que “si el Congreso firma el tratado significará ipso jure (de pleno derecho) que el Perú asumirá una posición de obligatoriedad con ese instrumento jurídico”. “Es una hipótesis que debemos rechazar porque el acto de aprobación es del Congreso y el modus operandi (modo de operar) lo hace el presidente de la República. Tenemos que evitar que se no produzca esa aprobación en el Congreso, porque eso nos va a obligar”, manifestó.
“Si mañana se aprueba Escazú vamos a tener 280 focos conflictuales latentes en el Perú inmediatamente en fase explosiva, porque todo el mundo va a querer opinar y decidir. Cuando todo el mundo quiere decidir, viene la anarquía y el desorden. Se ha querido aprovechar la pandemia para que pase desapercibido, pero felizmente en el país hay patriotas que venimos bregando para que los intereses del Perú se conserven impolutos en pleno siglo XXI”, anotó.
Informó que el tratado de Escazú lo han suscrito Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. “Es evidente que hay una orientación de la izquierda prosperada por Cepal desde los 70 y 80. Chile empezó el proceso el 2014, pero llegó Piñera y dijo que no se firma. Y Chile y Colombia no lo suscribieron, o sea que menos lo van a ratificar. Y el Perú tampoco debió suscribirlo, por eso reitero la responsabilidad política de la ministra Muñoz”, subrayó.
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