Fuente : Diario Correo

Pedido de prisión preventiva por 36 meses también alcanza a exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga por supuestos beneficios a Odebrecht en el caso GSP.

Tras la reanudación de las principales actividades económicas y laborales, como parte de la cuarentena focalizada por el COVID-19, se reactiva también la agenda judicial con los principales procesos anticorrupción, suspendidos por el estado de emergencia nacional.

Justamente, ayer el Poder Judicial programó para este 23 de julio, a las 10 de la mañana, la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses para la exprimera dama Nadine Heredia así como de los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, por el caso Gasoducto Sur Peruano, empresa a cargo de la brasileña Odebrecht.

La investigación -formalizada el 27 de febrero del 2020- está a cargo de la fiscal del Equipo Especial Geovanna Mori, quien les atribuye los presuntos delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Hay un total de 31 investigados, entre exministros y exfuncionarios del gobierno humalista, en este caso.

En la audiencia, que será dirigida por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, la fiscal Mori sustentará su pedido mientras que los abogados de Heredia, Castilla y Mayorga rebatirán los argumento de la representante del Equipo Especial.

INCIDENCIAS. Durante el estado de emergencia, sin embargo, ocurrieron una serie de incidencias que merecen ser contadas, ahora que este caso vuelve a tener interés público.

La audiencia de prisión preventiva por el caso Gasoducto se había programado inicialmente para el pasado 16 de marzo, pero las labores judiciales se suspendieron debido al coronavirus.

En junio, la fiscal Mori pidió al PJ fijar una fecha para una sesión, al menos de manera remota.

Sin embargo, el juez Sánchez Balbuena rechazó la solicitud al considerar que no se trataba de un pedido urgente, en el que se definía la libertad de los investigados, basándose en los lineamientos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por el estado de emergencia.

Mori apeló a la resolución y, en segunda instancia, la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción le dio la razón, ordenando al juez Sánchez que fije audiencia con fecha posterior al 17 de julio.

Fuentes judiciales señalaron que si bien las actividades en el Poder Judicial se han retomado con el debido protocolo de seguridad sanitaria, esta audiencia podría desarrollarse con presencia del juez Sánchez y los abogados de los investigados.

EL CASO. Según las pesquisas de la Fiscalía, durante el gobierno humalista habría existido una organización criminal presuntamente encabezada por Ollanta Humala y su esposa, que habrían favorecido a

empresas brasileñas en el otorgamiento de obras públicas.

Entre ellas está el proyecto Gasoducto Sur Peruano, que consistía en la construcción de una tubería de más de 1000 kilómetros para el traslado de gas natural desde la ceja de selva de Cusco, hasta la costa sur de Arequipa, pasando por el litoral de Moquegua y Tacna. Tenía un costo inicial de $7.328 millones.

En 2011, Odebrecht se incorporó formalmente a la empresa Kuntur Transportadora de Gas, a cargo de  la concesión de la obra gasífera.

En ese marco, la fiscal Mori atribuye a la pareja Humala-Heredia “un perverso uso del poder”, a través de la instrumentalización del propio aparato estatal y con funcionarios de Proinversión, órgano adscrito al MEF y dedicado a la promoción de inversión privada en proyectos.

En el expediente de la investigación preparatoria, se imputa a Nadine Heredia como el brazo operativo que actuaba bajo las órdenes del exmandatario. En esa línea, es considerada por la Fiscalía como “funcionaria de facto”.

“Dentro de la organización, y en su condición de líder, habría tenido como rol o función establecer los planes delictivos y comunicar lo mismos a los demás integrantes”, se lee en el pedido de prisión preventiva de marzo último.

Asimismo, la fiscal Mori indica que la exprimera dama tuvo poder de influencia en dos testigos de este caso: el exministro Jorge Merino y la exasesora de prensa Cynthia Montes, así como hacia el empresario Eduardo Sobenes, un testigo clave del Club de la Construcción.

“La imputada Nadine Heredia tiene como un modus operandi influir en los testigos de las investigaciones que se siguen en su contra”, se lee en el pedido de prisión preventiva.

En el caso de Castilla y Mayorga, la fiscal Mori señala que ambos formaron parte del Consejo Directivo de Proinversión, el cual favoreció a Odebrecht en la adjudicación del proyecto al contar con poder de decisión e injerencia en la licitación de proyectos.

INFLUENCIA. En opinión del penalista Andy Carrión, el pedido de la Fiscalía puede perder fuerza en atención que, durante la pandemia del COVID-19, el Poder Judicial ha resuelto en su mayoría optar por la liberación de investigados por casos de corrupción. “Durante el estado de emergencia, se ha establecido una jurisprudencia a favor de los investigados y los requisitos más rígidos para la privación de la libertad”, dijo Carrión a este diario.