RCR, 29 de setiembre 2017.- Las comunidades de las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, Tigre, Chambira y Urituyacu, en Loreto tienen todo el derecho de exigir  la solución de sus demandas, sin que ello justifique  medidas de protestas que violenten la propiedad privada o la libertad de los pobladores de tomar la posición que consideren conveniente, manifestó la Adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto Cabanillas.

“Las protestas deben respetar los derechos de las personas o a sectores de la población que no participan en medidas y que tienen la necesidad de utilizar las vías o instalaciones privadas para sus actividades”, indicó en entrevista a RCR – Red de Comunicación Regional.

Sostuvo que “la Defensoría del Pueblo invoca a la población indígena a participar activamente para lograr alternativas viables que permitan soluciones a los problemas de fondo”. Agregó, que los problemas que enfrentan estas comunidades no solo están circunscritas al tema de remediación ambiental, sino también el acceso al agua potable, saneamiento, salud y educación, lo cual requiere una intervención del estado a través de los programas sociales.

En este sentido, invocó al Poder Ejecutivo cumplir, en el plazo más breve, los acuerdos suscritos con las comunidades indígenas. “La Defensoría del Pueblo supervisará que cada uno de los compromisos se cumplan y se continúe con el dialogo para evitar todo tipo de violencia”, precisó.

ESTUDIO TÉCNICO INDEPENDIENTE

De otro lado, Abanto Cabanillas, destacó el convenio suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la finalidad de elaborar el Estudio Técnico Independiente (ETI), la cual permitirá establecer los lineamientos estratégicos para la remediación de impactos en las operaciones petroleras del Lote 192.

El plazo de ejecución del mencionado estudio es de 6 meses y contará con un comité de seguimiento conformado por representantes de las federaciones indígenas, del MEM y el PNUD. “Es una buena medida y esperamos que sea un impulsor más efectivo para realizar acciones de remediación en la zona”, señaló.

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