RCR, 18 de junio de 2020.– José Alarcón, director regional de educación del Gobierno Regional de Cajamarca, consideró como una decisión muy apresurada la norma del Ministerio de Educación, que dispone el inicio de clases presenciales a partir del 1 de julio en las zonas rurales del país con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad y que registren nulo nivel de contagio por COVID-19.

“Es una decisión muy apresurada, toda vez que tenemos cada vez más contagios por el regreso de nuestros hermanos cajamarquinos a su tierra de origen. El tamizaje no garantiza que no esté contaminado y se porte el virus hasta las comunidades también. En ese sentido es una preocupación pensando en la vida del estudiante y de la familia. Yo por el momento diría que esto habría que ir evaluándolo y no podría ser factible por el momento”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Informó que el 50% de estudiantes de la región viven en la zona rural. “Es un promedio de 200 mil estudiantes, porque tenemos a 400 mil estudiantes en general. La norma establece que solo instituciones 1 y 2, o sea unidocentes, entonces estamos hablando de 47% de instituciones educativas de las 6,700 que están en la zona rural, que tiene una población escolar de 8 y 20 estudiantes”, precisó.

“Nosotros desde el año pasado venimos haciendo una evaluación a la gestión y por eso es que tenemos estos datos. Para nosotros no hay problema, haremos el trabajo, nos reuniremos y en unos 15 días tendremos la información detallada a ver con qué instituciones educativas podría ser, pero no estoy asegurando poder dar el inicio, en todo caso sería en el futuro, si hay las condiciones para las clases presenciales”, indicó.

Señaló que el 75% de instituciones educativas están en la zona rural. “Nuestra propuesta es que en un periodo remoto podría iniciarse en mejores condiciones en la zona rural previa evaluación, porque en la zona urbana tenemos instituciones educativas que están masificadas con estudiantes y difícilmente este año podamos tener clases presenciales”, dijo.

“Esta norma establece cuatro criterios: uno, tiene que ser instituciones educativas del tipo 1 y 2; segundo, que el docente tiene que vivir en la zona; tercero, que el docente tenga su tamizaje y por otro lado, que las instituciones tengan las condiciones de salubridad. Ahí, tenemos una dificultad, el 20% de las instituciones educativas que están en la zona rural no tienen servicios de agua potable”, precisó.

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