Nota de prensa
En el caso de las comunidades de Ollantaytambo, el centro de salud más cercano se encuentra a 2 horas a pie o a 45 minutos en transporte vehicular.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco demandó a la Dirección Desconcentrada de Cultura adoptar las medidas que garanticen la salud de las comunidades indígenas, gestionando acciones inmediatas con las autoridades regionales para que se realice el seguimiento del estado de salud, así como, de manera preventiva, se les brinde implementos de protección como mascarillas, guantes, alcohol en gel, entre otros.
Sobre el particular, la institución tomó conocimiento que las comunidades quechuas de Huilloq, Rumira Sondormayo, Q’elkanka y Patacancha en Ollantaytambo, así como la comunidad nativa de Tangoshiari, del distrito de Megantoni, provincia de La Convención decidieron cerrar el ingreso a sus territorios, como medida de prevención para evitar los riesgos de propagación del virus.
En este sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco hizo un llamado a las autoridades a respetar las medidas de autoaislamiento que están adoptando las comunidades, e implementar una estrategia articulada para reforzar el sistema de salud que los atiende, respetando el enfoque intercultural.
Cabe señalar que en el caso de las comunidades de Ollantaytambo, ante la ocurrencia de situaciones de emergencias o atenciones de complejidad, las/os pacientes tienen que ser referidas/os hasta el centro de salud más cercano que se encuentra en el distrito de Ollantaytambo, cuyo traslado involucra un lapso de dos horas a pie o 45 minutos en transporte vehicular.
En tanto la posta de salud de la comunidad de Tangoshiari se encontraría abandonada, sin personal de salud, equipos médicos básicos, ni insumos para atender a la población, peor aún en casos de COVID-19.
Es importante recordar que estas comunidades afrontan históricamente un conjunto de dificultades de carácter económico y serias limitaciones para el acceso a los servicios públicos esenciales, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ello se debe garantizar la asistencia alimentaria permanente y la inclusión de la totalidad de familias indígenas en las diversas modalidades de los bonos que se vienen otorgando.
Finalmente, la institución recuerda que las acciones del Estado, que involucren a las comunidades, deben realizarse con la debida coordinación con las autoridades comunales y sus organizaciones representativas, para garantizar los derechos colectivos de la población y lograr mayor eficiencia en el cumplimiento de las disposiciones.
