Fuente: Perú 21

Según la Fiscalía, 25 víctimas fueron fusiladas y 108 murieron a causa de detonación de explosivos.

Después de 31 años, el caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal El Frontón entra hoy en su etapa definitoria. El Colegiado B de la Sala Penal Nacional iniciará el juicio oral en el que se determinará si los 35 ex marinos acusados de ultimar a 133 internos son culpables de crímenes contra la humanidad.

Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García. Internos acusados y sentenciados por terrorismo del Pabellón Azul se amotinaron por mejoras carcelarias. Paralelamente, hechos similares se registraron en otras dos cárceles de Lima que también albergaban a subversivos. La revuelta se produjo cuando Lima era sede de un congreso de la Internacional Socialista, organización a la que pertenecía el Partido Aprista.

El debelamiento empezó a ser investigado a nivel del Ministerio Público en 2001.

La indagación se sostiene en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la que, en el año 2000, estableció que el Estado peruano “está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas (…) y procesar y sancionar a los responsables”.

El pronunciamiento de la Corte-IDH fue en relación a las desapariciones de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, quienes eran reos en la referida prisión en ese entonces. Pero la investigación fiscal busca esclarecer cómo murieron los más de cien reclusos.

De acuerdo con el Ministerio Público, 25 de las víctimas murieron por fusilamiento y 108 a causa de la detonación de explosivos, que provocó la caída de muros y paredes del recinto sobre los amotinados.

Según la tesis de la fiscal Luz Ibáñez, los cuerpos de los internos fallecidos fueron incinerados y enterrados en distintos cementerios de Lima y Callao (Presbítero Maestro, Puente Piedra, Zapallal, San Bartolo, Baquijano y Carrillo) “en forma clandestina” por disposición de altos mandos militares y del Ministerio del Interior. En este caso, según se informó, el ex mandatario García está incluido como testigo y deberá acudir a declarar al juicio para dar su versión de los hechos. La Fiscalía señala que los marinos siguieron órdenes superiores para desplegar su intervención en El Frontón.

Versión de las partes

Para el abogado de los ex marinos acusados, Sergio Tapia, el Ministerio Público no tiene pruebas que acrediten su acusación penal.

En diálogo con Perú21, Tapia indicó que, de cara a la audiencia del viernes, no queda claro de qué se acusa a sus patrocinados.

“La acusación debe ser precisa en señalar y describir los hechos contextualizados, ninguno de los imputados sabe de qué hecho es responsable; lo que ha generado la Fiscalía en este caso es ensuciar el proceso”, expresó.

Sobre el pronunciamiento que hizo el TC en marzo pasado, subsanando la sentencia que emitió en 2013 sobre El Frontón —en la que desestimaba que haya existido delito de lesa humanidad—, señaló que no es posible que esta instancia corrija sus decisiones.

“Las sentencias emitidas no se cambian. Lo que ha hecho el TC es una infracción a la Constitución. Por eso hemos presentado ante el Congreso una acusación constitucional porque esa es una falta a la ley”, apuntó.

Por su parte, el abogado de los agraviados, Carlos Rivera, respondió a la defensa de los denunciados y aseguró que “su argumento ha sido siempre decir que no hay pruebas”.

“La Fiscalía ha hallado pruebas más que contundentes, hasta esclareció las maneras en las que fueron asesinados los presos de El Frontón; el señor Tapia no puede negar las evidencias”, dijo el letrado en diálogo con este diario.

Rivera rechazó, además, que no haya quedado claro de qué se acusa a los procesados. “Todos son denunciados como autores materiales del crimen. Por lo tanto, están siendo acusados como autores del delito de homicidio calificado. Ese es el cargo por el que deben defenderse en este juicio”, explicó el abogado.

Datos

– El 19 de enero de 2005, el Primer Juzgado Penal Supraprovincial abrió instrucción contra los 35 ex marinos por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en el caso El Frontón.

– Según el Poder Judicial, 30 de los procesados están en condición de reos libres; 4 están no habidos y uno es reo ausente.

– La Fiscalía retiró su acusación contra uno de los ex marinos. En el juicio oral se debe formalizar que las imputaciones comprenden a 34 personas.

– De los 133 reclusos muertos, hasta la fecha se han devuelto a sus familias los cuerpos de 21 de ellos. La entrega de los restos se realizó en tres diligencias.

– El pasado 3 de abril, la Sala Penal Nacional declaró que había mérito para pasar a juicio oral a 35 ex miembros de la Marina de Guerra del Perú por los delitos de asesinato por ferocidad y explosión. Señala como fecha de inicio de juicio oral el día 8 de setiembre de 2017.

– La CIDH insistió, en diferentes momentos, en que el Estado peruano esclarezca los hechos.