Nota de Prensa

 El estado de emergencia impide que un gran número de personas puedan desarrollar las actividades que les genera un ingreso económico diario.

Frente a la medida de aislamiento social obligatorio adoptada por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la expansión del COVID-19 en el país, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de incluir a las personas migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en las políticas destinadas a paliar los efectos del estado de emergencia como a las personas extranjeras que se encuentra en situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres gestantes, entre otros.

Un considerable número de personas migrantes residen en territorio nacional, dentro de los cuales se encuentran quienes buscan protección internacional. Las diversas barreras y limitaciones legales a las que se enfrentan, en su mayoría, las y los venezolanos, los obliga a incorporarse al mercado laboral informal, exponiéndose a situaciones de explotación y afectación de sus derechos.

Del análisis de la situación actual del país, la Defensoría del Pueblo advierte que la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, como resultado del estado de emergencia, impide que un gran número de personas puedan desarrollar las actividades que les genera un ingreso económico diario. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de grupos de especial protección.

Desde nuestra institución, saludamos las medidas adoptadas por el Gobierno con la finalidad de reducir el impacto de la cuarentena en la canasta básica familiar; sin embargo, incidimos en la necesidad de crear mecanismos que de forma similar atiendan a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

También resulta preocupante que en las últimas semanas se haya reportado desalojos arbitrarios y abusivos de familias con niñas y niños. Ello podría afectar con más intensidad a las familias migrantes, quienes se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad por su condición migratoria. Al respecto, es preciso recordar que las ejecuciones de desalojos deben enmarcarse dentro del marco legal; pues, de lo contrario, podrían incurrir en responsabilidades civiles e, incluso, penales.

Asimismo, reiteramos que, en el actual contexto, resulta de vital importancia que todas las personas que se encuentran en territorio nacional accedan al sistema sanitario sin ningún tipo de distinción, pues de ello dependerá superar el actual Estado de Emergencia, en respeto de sus derechos fundamentales a la salud y vida.

La Defensoría del Pueblo, conforme a su rol constitucional, reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas en el Perú, más aún, si estas se encuentran en situación de vulnerabilidad.