Experto en contrataciones con el Estado, Víctor Hugo Quijada, ratificó también que el tribunal arbitral del CIADI no respaldará el pago de mil 200 millones de dólares y la anulación de la resolución del contrato de concesión del Gasoducto Sur peruano.
RCR, 7 de febrero de 2020.- El Perú cuenta con argumentos sólidos y técnicos necesarios para hacer valer su derecho y ganar, en la vía arbitral internacional, la demanda que le interpuesto la compañía brasileña Odebrecht, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la resolución del contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur peruano, aseguró el experto en contrataciones con el Estado, Víctor Hugo Quijada.
“Hay que recordar que de los diecisiete arbitrajes planteados por el Estado peruano, catorce los ha ganado el Perú, y solamente tres ha perdido”, subrayó.
El experto indicó que ante la demanda entablada por Odebrecht contra el Estado peruano ante el CIADI, éste último puede activar la cláusula anticorrupción establecida en el citado contrato de concesión del Gasoducto, “como una estrategia legal”.
Al respecto, precisó que el Estado no podía hacer efectiva la cláusula anticorrupción contra la compañía Odebrecht, en la medida en que –anotó- “no existe todavía imputación de responsabilidad de funcionarios”.
Quijada explicó que el tribunal arbitral del CIADI dispone de la autonomía necesaria para determinar la existencia o no de corrupción en el contrato de concesión entre un Estado y una empresa privada.
“Si lo determinara así, tiene tres opciones: 1- O rechaza liminarmente la demanda y la declara improcedente; 2- O se inhibe de pronunciarse sobre el fondo; 3- O, simplemente, se pronuncia sobre el fondo, declarando la nulidad del contrato”, especificó.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Quijada ratificó también que el tribunal arbitral del CIADI no respaldará el pago de mil 200 millones de dólares y la anulación de la resolución del contrato de concesión del Gasoducto Sur peruano, solicitados por la empresa Odebrecht, toda vez que “no puede amparar acuerdos amparados en la corrupción”.
“No prosperaría, porque el tribunal arbitral no puede amparar contratos que se derivan de la corrupción. Y para llegar a ese criterio, el tribunal arbitral es autónomo e independiente, y no requiere algún tipo de proceso penal o sentenciosos. Ellos mismos forman su criterio, enfatizó.
En todo caso, estimó que la tercera pretensión, referida al reconocimiento de los gastos de inversión en infraestructura, avaluados en aproximadamente mil millones de dólares, sí podría ser amparada por el CIADI. pero a nivel de una negociación.
“Esta negociación se puede hacer, a través del mismo arbitraje ya planteado. Se puede hacer fuera del arbitraje, ampliando quizás con un nuevo convenio colaboración eficaz; ampliando el convenio de colaboración eficaz que existe o realizando imputaciones personales, ampliando este acuerdo de responsabilidades que tiene cláusulas progresivas”, anotó.
El jurista dijo no creer además que el Estado termine desamparado o en desventaja, ante este tipo de demandas arbitrales internacionales, ya que –anotó- normalmente se llega a estas instancias a través de la búsqueda de un punto medio entre el Estado y la compañía internacional querellante.
“Porque, ni el Estado tiene la capacidad para imputar responsabilidad y meter a todos en la cárcel, como tampoco Odebrecht tiene la capacidad de liberarse penalmente de todo, y lo que quieren es no morir como empresa, sino seguir contratando con el Estado, porque de eso viven”, aseveró.
En ese contexto, el analista político consideró que “no podemos ser tan injustos” con el trabajo de la Fiscalía y Procuraduría anticorrupción sobre su papel en la lucha contra la corrupción y, en especial, sobre la pesquisa del caso Gasoducto Sur peruano.
“Porque, de alguna manera, nos está permitiendo saber a los peruanos quiénes son los responsables. Y en el punto de vista patrimonial, obviamente, Odebrecht no va dar nada a cambio de nada. Piensan como empresa, están asfixiados financieramente. Y es la única forma de llevarlo a su cancha al Estado, tanto acá como en los otros países. Y porque es la misma estrategia que viene realizando para poder, de alguna manera, no asfixiarse, porque están en serios problemas”, puntualizó.
Habría “trasfondo político” en avalancha de cuestionamientos al equipo Lava Jato
Por ello, expresó su preocupación ante la existencia de un trasfondo político, en la avalancha de información adversa al equipo especial Lava Jato y al sistema judicial, a cardo de las investigaciones y juzgamientos a los responsables de la corrupción generada por la compañía brasileña Odebrecht.
“Siempre ocurre lo mismo. Y coincido con el fiscal José Domingo Pérez, (cuando dice que) cada vez que pasa algo respecto al convenio (de colaboración eficaz) o el caso Lava Jato, salen el establishment, sus abogados, políticos, opinólogos, etc., a despotricar, a hablar del equipo Lava Jato pidiendo su cabeza, diciendo que son ineficientes. Y a mí me preocupa que haya cierta prensa que se dedique a desprestigiar y a quitarle el valor del trabajo de una Fiscalía y Procuraduría y poder judicial que viene tratando de hacer las cosas bien, que toman su tiempo”, concluyó.
Escuchar entrevista…
