Jurista, Ramiro Alatrista Muñiz, explicó que la norma que regula la causal de suspensión de una autoridad política buscaría afianzar la gobernabilidad de sus respectivos gobiernos, ya que –anotó- “la norma considera que mantener a un alcalde con una condena en segunda instancia podría causar inestabilidad”.
RCR, 16 de diciembre de 2019.- El proceso judicial por el que se suspende al alcalde provincial del Cusco, Víctor Boluarte Medina, presenta muchas deficiencias, además de no aplicarse los criterios constitucionales básicos del derecho penal, denunció el jurista, Ramiro Alatrista Muñiz.
“Nosotros acá, en el Cusco, hemos seguido el proceso que se le siguió al alcalde Boluarte. Y, a criterio nuestro, podemos manifestar que el proceso tuvo varias deficiencias. Y, lamentablemente, la actividad de los jueces, en materia penal, deja mucho que desear, no solamente en este caso, sino en otros. Porque no se aplican los criterios constitucionales básicos del derecho penal, como por ejemplo, la última ratio, la subsidiaridad, el principio de legalidad y la imputación específica a la persona”, subrayó.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la solicitud de suspensión del alcalde provincial del Cusco, Víctor Boluarte Medina, quien fue condenado por fraude en la administración de personas jurídicas en agravio del Colegio de Abogados, cuando este ejercía el decanato de esa institución (2008-2009).
Boluarte, quien asumió la alcaldía como candidato del Movimiento Regional Tawantinsuyo, deberá esperar ahora la notificación del máximo ente electoral, en un plazo máximo de ocho días, para dejar su cargo como alcalde cusqueño durante un año, el mismo tiempo de su condena en doble instancia por delito doloso.
“Obviamente, la defensa del alcalde en su oportunidad ha presentado el recurso de casación que está en trámite ante la Corte Suprema. Y tenemos entendido que también ha presentado un hábeas corpus, que está pendiente de verificar el trámite ante el Tribunal Constitucional”, especificó el abogado Alatrista.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Alatrista explicó también que la norma que regula la causal de suspensión de una autoridad política buscaría afianzar la gobernabilidad de sus respectivos gobiernos, ya que –anotó- “la norma considera que mantener a un alcalde con una condena en segunda instancia podría causar inestabilidad”.
“Y por eso es que se le suspende en el cargo hasta por el plazo de un año para que se pueda resolver esta decisión judicial que todavía está en curso. Y si no se resuelve en este año, debe proceder el consejo municipal a declarar la vacancia de la autoridad local”, anotó.
En ese sentido, advirtió que el caso del burgomaestre Boluarte y de suspensión en el cargo con el trámite de una sentencia en curso, podría sentar jurisprudencia de orden obligatorio, “si así lo dispone en la decisión final de la Corte Suprema”.
“Lo que dependiendo de lo que diga la Corte Suprema podría, inclusive, sentar jurisprudencia de orden obligatorio… Lo que ocurre en este momento es pedirle el Poder Judicial que resuelva con celeridad estos casos, porque de todas maneras crea incertidumbre. Y crea un vacío de poder”, enfatizó.
Escuchar entrevista
