Fuente: Diario el Tiempo de Piura
Conforme aparecen nuevos casos de acoso sexual en agravio de mujeres, surgen más evidencias de que algunas instituciones no dan la debida importancia a estos graves hechos.
Esta semana se conoció otro delito ocurrido en el Gobierno Regional. Se trata de una trabajadora, quien pese a que denunció en marzo ser víctima de este delito, hasta el momento no se realizan las investigaciones. Este caso se suma a la denuncia de una extrabajadora de la entidad, contra el gerente regional, Jesús Torres Saravia.
Según la trabajadora, cuyo nombre mantenemos en reserva, el 27 de marzo de este año denunció ante la Gerencia General del Gobierno Regional el maltrato y tocamientos que sufrió, por parte de un trabajador. El Tiempo tuvo acceso al recorrido del documento presentado por la servidora, y la Gerencia General lo derivó a la Oficina de Recursos Humanos, luego fue enviado a diversas oficinas para quedar en la Secretaría Técnica en donde se encuentra desde abril pasado.
Una fuente del GR señala que como este habrían otros casos, pero las víctimas no denuncia porque sus denuncias terminan en el archivo.
Extrabajadora
La defensa de la extrabajadora que acusa el gerente regional, Jesús Torres, el abogado Martín Urbina señala que le preocupa el procedimiento seguido por parte de instituciones como el Centro de Emergencia Mujer.
“Desde que se interpuso la denuncia –23.08.2019- a la fecha de realizada la audiencia –04.09.2018–, han transcurrido 13 días y no se pudo contar con las medidas de protección para la denunciante, habiendo quedado expuesta su identidad al público por un mal procedimiento en el GORE Piura, lo que ha conllevado a que se incrementen los ataques a su honorabilidad, así como amenazas anónimas a ella y a sus familiares más próximos”.
Agregan que diferentes personas dependientes del Gobierno Regional se han referido a la denunciante, “incluso brindando su identidad a través de conferencias de prensa”.
Exámenes
La defensa también señala que no se emitipó oportunamente los informes médicos psicológicos, lo que conllevó a la primera postergación de la audiencia oral. Recién ayer envió el último informe médico pedido por la juez. Buscamos al representante del CEM Santa Julia, Carlos Arcaya, pero no contestó llamadas.
