Julio Failoc, economista y especialista en temas de desarrollo, afirma que “las autoridades deben cuidar los proyectos mineros que pueden entrar en conflicto y tener un impacto económico muy significativo para el país”.
El Gobierno debe realizar un acompañamiento de los proyectos mineros para prevenir los conflictos sociales y proporcionar a la nueva ley de minería la capacidad de resolver el problema de la desconfianza social hacia las nuevas inversiones, sostuvo Julio Failoc, economista y especialista en temas de desarrollo, a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Yo he visto un problema en la eficiencia del acompañamiento, porque el acompañamiento debe tener más un enfoque preventivo que de apagar incendios. Yo sí estoy convencido de que la estrategia debe ser más de prevención y el acompañamiento debe estar orientado en ese sentido: vigilar que no se desencadene un conflicto”, manifestó.
Advirtió que las autoridades deben cuidar los proyectos mineros que pueden entrar en conflicto y tener un impacto económico muy significativo para el país. “Yo estoy seguro que no es la mina la que está contaminando, pero lamentablemente hay una percepción de que sí está contaminando. Esto tiene que atenderse, porque si no se atiende desencadena un conflicto socio ambiental. Es más complicado abordar un conflicto ya dado que prevenirlo. Hay que descentralizar las unidades de conflicto socio-ambiental, porque no se pueden resolver los conflictos desde Lima”, dijo.
Mencionó como ejemplo que “el proyecto minero de Quellaveco está más focalizado en una preocupación ambiental que podría ser resuelta (nadie la atiende, creo yo, por la crisis política actual), porque esto puede desencadenar un conflicto”. “Aquí se tiene que garantizar con el cumplimiento de los compromisos de carácter ambiental”, precisó.
Factor confianza
Failoc también señaló que la nueva ley general de minería debe contemplar la licencia social acompañada del factor confianza. “La nueva ley debe resolver el problema de desconfianza que surge cuando la gente cree que le vas a malograr su medio ambiente. Lo mínimo que se tiene que hacer es crear un fondo que pueda resarcir un posible impacto ambiental”, puntualizó.
“Esto tiene que ir acompañado de una suerte de mecanismo de control ambiental mejorado que garantice el cumplimiento de los compromisos que tienen las empresas mineras cuando les aprueban un estudio de impacto ambiental. Estos dos elementos más proyectos de inversión social orientados a las necesidades de la población de la zona de influencia del proyecto, yo creo que puede ser fundamental”, manifestó.
Respecto a la crisis política actual, el especialista consideró que “en primer lugar las cosas están totalmente resueltas”. “Tenemos un congreso disuelto, una comisión permanente que se va a encargar básicamente de cuestiones más de mesa de partes y de trámites, porque el poder real va a estar en el presidente Martín Vizcarra”, anotó.
“Esto ya se veía venir y va a tener un impacto en el muy cortísimo plazo. Yo creo que las cuestiones van a ir solucionándose conforme se vaya generando mayor confianza. Tenemos una población que aprueba la gestión, tenemos a las Fuerzas Armadas que ya han definido su apoyo al presidente de la República y el resto ya está totalmente dicho”, afirmó.
Proyecto Tía María
Sobre la paralización del proyecto Tía María, opinó que “la crisis ha ayudado un poco a prolongar las expectativas que tenía la población. Por ejemplo, la decisión de postergar la movilización social hacia Lima de parte del valle de Tambo es una muestra de ello”.
“La crisis política si bien es cierto se mantiene, las expectativas de movilización social se han reducido al mínimo. El respaldo hacia el presidente de la República ha crecido de manera significativa”, remarcó.
Comentó que la decisión que el Gobierno tome próximamente sobre Tía María va a ser fundamental en materia de inversión minera. “Por ejemplo, Quellaveco todavía tiene un problema crítico, porque el grupo de trabajo ha rechazado la resolución ministerial y está exigiendo que los acuerdos que se generen sean vinculantes. En Puno se van a mantener los conflictos. La situación sigue crítica pero no por la crisis política sino por una decisión sobre Tía María que todavía no está resuelto”, subrayó.
“En el caso de Tía María, lo mejor era que el proyecto vaya a fojas cero, es decir a rehacer el estudio de impacto ambiental, porque era un estudio de impacto ambiental cuestionado por la población. Realizar un nuevo estudio hubiera generado mejores condiciones como para que el proyecto Tía María pudiera seguir avanzando”, indicó.
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