Fuente : El Comercio
La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición del exjuez César Hinostroza, rechazando el recurso de súplica para que se incluya el delito de organización criminal.
La Audiencia Nacional de Madrid confirmó la extradición al Perú del exjuez supremo César Hinostroza para que pueda ser procesado por tres delitos, sin incluir el de organización criminal. Ahora el Gobierno de España deberá pronunciarse sobre este caso.
Se trata de los de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, incluidos en el Código Penal peruano, los cuales se corresponden con el tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios en la justicia de España.
Los magistrados explicaron que, en el auto de extradición, se describen conductas que podrían incurrir en los mencionados crímenes aprovechando su cargo como juez supremo «y su amistad con los influidos que sabe le guardan lealtad, para obtener resoluciones administrativas guiadas por intereses ajenos a los públicos que deben guiarlas y que han supuesto beneficios económicos para él».
Los jueces descartaron que se haya vulnerado el derecho de presunción de inocencia de César Hinostroza ni que haya sido objeto de alguna persecución política.
Sin embargo, la Sala Penal rechazó el recurso que presentó la fiscalía peruana para que se incluya también el delito de organización criminal por considerar que el tipo penal, según las leyes de España, requiere datos objetivos de la mecánica operativa por la banda criminal y la participación concreta de cada uno de sus integrantes.
Según el tribunal de España, se deben precisar más datos para que se pueda considerar el delito de organización criminal contra César Hinostroza, ya que no basta lo que dice la demanda de extradición.
El documento señala que la organización se extendía a «los ámbitos empresarial, judicial y fiscal» para gestionar nombramientos, ratificaciones y promociones «con la finalidad de gestionar intereses particulares, en el nombramiento, selección y calificación de magistrados, o en otros ámbitos administrativos del Estado como el Poder Judicial y que había empresarios que organizaban y pagaban almuerzos y reuniones».
