Momentos estelares de la carretera construida por Odebrecht en el sur. El acuerdo político del 2004. El prometedor estudio de factibilidad. Desaparece el SNIP. Torean al Contralor. EL rol de PPK.

La Carretera Interoceánica era considerada buena y ventajosa por un conjunto muy amplio de actores. También tuvo calificadas oposiciones. En nombre del proyecto se habrían realizado pagos que pasaron por bancos norteamericanos hasta por un total de US$ 20 millones desde el 2005 hasta el 2008. Pagos, según se informó, efectuados a cuentas de un intermediario que representaba a una alta autoridad.

Obra anunciada

En el 2000, doce Jefes de Estado adoptaron el Plan de Acción para la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur). El proyecto conectaría Brasil, desde el Atlántico, con varios puertos del Pacífico. En 2003 Perú y Brasil acordaron ejecutar la IIRSA en tres ejes peruanos: el Amazónico, en el Norte, el Transoceánico Central y el Interoceánico en el Sur. ¿Cómo estaba el proyecto en el 2004? Recién se hacían los estudios de factibilidad.

Toledo mostró un interés intenso por concluir las obras del sur peruano antes de que concluyera su gobierno. Las poblaciones las apoyaban. El Congreso, sin ningún voto en contra, las declaró de utilidad pública. Faltaba construir tres tramos de un total de mil kilómetros desde Iñapari, en Madre de Dios, hacia tres puertos del sur. El primer pago corruptor coincidiría con la decisión política de realizar la carretera. Esto nos lleva a la primera escena.

Encuentro con ACRE

El 11 de agosto del 2004 los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Alejandro Toledo pusieron la primera piedra del puente sobre el río Acre que uniría Perú y Brasil. También estaba el presidente boliviano Carlos Mesa, con quien Lula inauguró un puente entre Acre y Cobija.

—Este puente –dijo Lula– servirá para que los niños y jóvenes de Brasil puedan cruzar a ver a sus amigos o tal vez a sus enamoradas bolivianas.

Más romántico, imposible.

Fue entonces cuando Toledo anunció la construcción de la carretera hacia Iñapari. Antes de ir, el Presidente había hablado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz. “¿Qué crees que podemos hacer respecto de la Interoceánica?”, le preguntó Toledo a Ortiz.

Ortiz le respondió que sí se podía hacer, ya lo había estudiado. Y entonces Toledo, añade el ex ministro, “le manifestó al presidente Lula su interés en hacer esta obra. Lula expresó, a su vez, que sí le parecía muy bien”. El diálogo, del 2004, figura en los archivos de la Comisión Lava Jato.

Desaparece el SNIP

El ministro Ortiz finaliza su relato indicando que cuando regresaron a Lima apuraron a la consultora Alpha Consult para que concluyera el estudio de factibilidad. Esto ocurrió a fines del 2004. El trabajo se entregó a Proinversión, y todo se dispuso para convocar el concurso. La segunda escena tiene que ver con ese momento.

Proinversión estaba entonces presidido por el Ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. El 22 de diciembre el organismo sesionó para considerar el proyecto de la carretera Interoceánica. Dato singular: asistió el presidente Toledo, quien resaltó la importancia de la obra. Al día siguiente, Proinversión solicitó al MTC iniciar gestiones para exceptuar de los requisitos del SNIP al corredor IIRSA Sur II. El 10 de febrero el pedido fue atendido mediante un decreto supremo de Alejandro Toledo y representantes del MEF y el MTC. No lo suscribió PPK, quien estaba de viaje, sino su colega Javier Sota, ministro de Educación, en calidad de encargado del MEF. PPK no tendría responsabilidad política por este acto.

—En el gabinete queríamos esa obra –dice ahora Sota–. El SNIP la entorpecía, y el tiempo ha demostrado que era necesaria.

Las cifras cuadran

Sacarse de encima el SNIP evadía exámenes y ahorraba tiempo. El proyecto comenzó con un estudio de factibilidad basado en expectativas de crecimiento de la frontera agrícola impresionantes. El economista Eduardo Zegarra hizo ver que Madre de Dios pasaba de no producir nada a abastecer el 25% de la caña de azúcar nacional, el 55% de los cítricos, el 20% del plátano. La rentabilidad de los cultivos se situaba entre el 92 y 250%. Marc Dourojeanni advirtió sobre riesgos ambientales y sociales que después se comprobaron. Gustavo Guerra, otro crítico tenaz, dijo que se había evadido el SNIP para que las deficiencias técnicas de la propuesta no detuvieran el proyecto.

El costo de las obras a cuenta de Odebrecht aumentó de US$ 658 millones en 2005 a más del doble, a través de numerosas adendas de los años siguientes. El valor aumentó porque se requería mayor metraje de obras. En una carta a la comisión Lava Jato, la ex ministra del MTC Verónica Zavala –sucedió a Ortiz en 2006, en el gobierno de Alan García– dijo que el origen del problema estuvo en la insuficiencia de los estudios geológicos: “Se hicieron estudios menos profundos, amparados en la exoneración del SNIP”.

El decreto veloz

La tercera escena corresponde a la extraña sesión del directorio de Proinversión del 4 de agosto del 2005. Es narrada con detalles en el informe en minoría del ex congresista Juan Pari. En la reunión conocieron que según la Contraloría Odebrecht y otros dos ganadores de la licitación no podían obtener la buena pro. Litigaban contra el Estado, lo cual era un impedimento. Suspendieron su reunión, presidida por Kuczynski, y fueron a Palacio de Gobierno, a continuarla con Toledo. Citando el acta, Pari describe cómo, en 18 minutos, suspendieron la adjudicación de la buena pro, pidieron informes legales, obtuvieron comunicación de las compañías, y finalmente adjudicaron las obras a las empresas. Un informe legal externo dijo que procedía.

Pero como seguía siendo improcedente tuvo que producirse una cuarta escena: un fantasmal proyecto de ley gestionado el 25 de enero del 2006, durante el receso parlamentario de verano. Lo aprobó la Comisión Permanente del Congreso, sin registro de debate ni acuerdo de la Junta de Portavoces. El autor del proyecto, Gilberto Díaz, dice ahora no recordar cómo escribió la parte de la norma que levantaba la exigencia de que el adjudicatario de una buena pro no mantuviera litigios abiertos con el Estado.

“NADA QUE VER”

Esta ley, firmada por Toledo esa misma noche, también convalida los acuerdos suscritos con las ganadoras de la buena pro. Esto dejó fuera de acción a la Contraloría. En resumen, todo el recorrido del proyecto está justificado legalmente. Una fuente que habló el fin de semana con el ex presidente Toledo –estaba fuera de Lima– transmitió su idea de que los malos tratos con Odebrecht pudieron cometerse después de su gobierno, cuando las obras comenzaron a ejecutarse y a aumentar de precio.

—No tengo nada que ver, dijo.

En cuanto a Kuczynski, nadie piensa que tuviera un interés derivado del beneficio de una constructora. Pero dirigió la batuta del proceso, y sus opositores le harán pasar varios malos ratos.

Fuente: Diario La República