Fuente: Diario Correo

Colaborador cercano a la ex “pareja presidencial” asegura que cuando exdirectivo de Odebrecht les manifestó tal interés, también les dio un aporte para sus actividades proselitistas

La aprobación de una ley, la imposición de un ministro y hasta la descalificación de aquellos que buscaban competir conOdebrecht fueron factores clave en la estrategia que, de acuerdo con el Ministerio Público, se puso en marcha para que la citada constructora brasileña se quedara con la buena pro del Gasoducto Sur Peruano (GSP), y en la que Nadine HerediaAlarcón tuvo un rol más que protagónico.

Así lo revela la resolución que autorizó a la fiscal Geovana Mori Gómez, integrante del Equipo Especial “Lava Jato”, el allanamiento de 26 inmuebles el último martes, entre ellos la residencia de la ex “pareja presidencial”.

El documento, suscrito por el titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Juan Carlos Sánchez Balbuena, revela que el acercamiento entre Odebrecht y el matrimonio Humala-Heredia empezó con las campañas del 2006 y el 2011, pero que en esta última funcionarios brasileños expresaron explícitamente su interés por un “proyecto de gas” en nuestro país.

Entre los fundamentos jurídicos de la orden de allanamiento -a la que Correo tuvo acceso- se alude a parte de la manifestación del Testigo en Reserva 01-3D2FPCECF-2016, quien aseguró a la Fiscalía que él mismo fue quien presentó a Jorge Henrique Simoes Barata, hoy exrepresentante de Odebrecht en el Perú, con la ex “pareja presidencial” cuando Ollanta Humala Tasso postuló por primera vez al sillón de Pizarro. Narró que entonces el exdirectivo brasileño se comprometió a “donar” 400 mil dólares para sus actividades proselitistas, monto que luego se hizo efectivo. “A partir de ese entonces, las tratativas y reuniones empezaron a ser frecuentes”, añadió.

También relató que cinco años después, en el 2011, Barata le expuso a Ollanta Humala y Nadine Heredia “la intención corporativa de manejar un proyecto de gas en el Perú” y que, al mismo tiempo, “entregó un aporte pecuniario para la nueva campaña nacionalista”.  “Es así que, una vez resultado ganador de las elecciones y asumida la Presidencia de la República por parte de Ollanta Humala Tasso, su esposa Nadine Heredia asumió un rol ejecutivo y pragmático durante la gestión y desde el inicio en el proyecto, dado que el 22 de diciembre de 2012 se promulgó la Ley 29970, la misma que finalmente fue utilizada como sustento y marco legislativo para el origen del proyecto Gasoducto Sur Peruano”, precisó el declarante.

La citada norma no es otra que la ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, la que en pocas palabras declara de interés nacional la implementación de medidas para reducir la dependencia externa de los departamentos de esta parte del país y que promueve un sistema integrado de transporte de gas natural desde las zonas de producción hasta la costa sur.

Más indicios

El testigo también relató que Malka Maya Albarracín, coordinadora parlamentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre el 22 de agosto del 2011 y el 26 de julio del 2016, trabajó directamente bajo las órdenes de Heredia Alarcón y que fue también una figura clave para que la constructora obtenga la adjudicación del referido proyecto, que ascendía a 7328 millones de dólares.Maya Albarracín, a quien el Ministerio Público señala como el brazo ejecutivo de la entonces primera dama, fue la encargada de impulsar la aprobación y posterior promulgación de la Ley 29970 en el Congreso de la República, para lo cual se reunió con los congresistas nacionalistas, que entonces eran mayoría.

Sobre el tema, cabe recordar que la excoordinadora parlamentaria es abogada de profesión y tuvo como compañero en el curso Básico de Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) al exmandatario Humala. Maya, incluso, protagonizó más de una fricción con los parlamentarios nacionalistas, quienes se quejaron de su proceder ante extitulares de la PCM como Juan Jiménez Mayor y César Villanueva.

En otro punto, la resolución también detalla que Nadine Heredia se reunió en algunas oportunidades con Jorge Barata en Palacio de Gobierno. Una de estas ocasiones -en la que no se precisa si estuvo la esposa del expresidente- ocurrió el 9 de agosto del 2012, fecha que coincide con el momento en el que Humala Tasso anunció la presentación de un proyecto (a la postre sería la Ley 29970) que daría lugar al Gasoducto Sur Peruano.

Mayorga bajo la lupa

Finalmente, y tal como Correo lo adelantó ayer, el testigo en reserva también aseveró que en febrero del 2014 Nadine Heredia propuso como ministro de Energía y Minas a Eleodoro Mayorga, nombramiento que se hace efectivo.

“Se habrían producido varias coordinaciones entre Nadine Heredia, Eleodoro Mayorga, Édgar Ramírez Cadenillas (exfuncionario de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada-ProInversión) y Jorge Barata, las mismas que se desarrollaban de manera frecuente y con la finalidad de eliminar a la empresa que competía con Odebrecht para la licitación”, reza el documento.Sobre este punto, la resolución añade que el Estudio Echecopar emitió un informe legal “en el cual se concluyó que se descalifique al consorcio Gasoducto Peruano del Sur”, pese a que la observación que enfrentaba dicha firma -respecto a su oferta técnica- no tenía un carácter insubsanable. Finalmente, en junio del 2014 se le descalificó.En la misma línea, se advierte que el bufete se contrató “de manera directa, sin mayor cotización”.

Se amplía

A la luz de los últimos elementos del caso, la fiscal Geovana Mori decidió ampliar en la respectiva investigación al exministro de Energía y Minas Juan Valdivia, así como al exfuncionario Edgar Ramírez, a quienes conminó a declarar en su despacho los días 7 y 13 de agosto, respectivamente. Ambos enfrentarían cargos por colusión en agravio del Estado en otra resolución a la que accedió este diario, la Mori dispone que los hechos materia de investigación -es decir, el caso del Gasoducto Sur Peruano- se adecúen a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.