Fuente: Defensoría del Pueblo
Habida cuenta de que la conflictividad social desafía continuamente la capacidad del Estado para prevenir y solucionar las demandas que se le plantean, y de que en el denominado “ caso Las Bambas”, se ha podido constatar que el diálogo en marcha requiere aún de consolidación frente a las continuas amenazas de ruptura del proceso iniciado hace un mes entre las comunidades, el Estado y la empresa MMG Las Bambas para tratar el caso del fundo Yavi Yavi y el de la provincia de Cotabambas, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:
Los procesos de diálogo se organizan con el objetivo de llegar a acuerdos satisfactorios para los participantes. Esto significa que las partes deben negociar de manera racional y flexible, buscando fórmulas que permitan superar las diferencias. No caben imposiciones, presiones indebidas, medidas de fuerza o amenazas, porque contradicen el sentido del diálogo y ponen en riesgo su vigencia, deslegitimando a sus participantes.
Hacemos un llamado a deponer posiciones intransigentes y respetar lo que cada parte reconoció en el acta del 6 de abril del presente, suscrita en la ciudad de Lima. En ella el Estado admitió que debía incrementar su presencia en la zona para garantizar relaciones de igualdad; la empresa aceptó que el problema suscitado era de prioritaria atención; y, la comunidad mostró su voluntad de dialogar y no tomar medidas de fuerza.
Consideramos, además, que el tratamiento de los temas de la agenda acordada en el acta del 24 de abril último debe proseguir en tanto se define la situación jurídica de las personas investigadas o procesadas. Ninguno de los integrantes del “espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau, departamento de Apurímac” tiene competencia legal para tomar decisiones sobre asuntos jurisdiccionales o legislativos.
La Defensoría del Pueblo ha participado directamente promoviendo el diálogo en los 28 casos ocurridos en los últimos 15 años en el ámbito del corredor minero sur, de los cuales están activos nueve. Actualmente las oficinas defensoriales de Apurímac, Cusco y la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, están presentes en las reuniones en Yavi, Yavi, Chalhuahuacho, Chumbivilcas y Espinar.
La Defensoría del Pueblo ratifica que continuará participando activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas, conforme a su mandato constitucional de defender derechos y supervisar la administración estatal.
