Medida de excepción será por 30 días calendario.
Lima, dic. 20. El Gobierno decretó el estado de emergencia por 30 días en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, a fin de que las fuerzas del orden garanticen la tranquilidad en la zona, debido a actos de violencia ocurridos en los últimos meses.
La medida, según el Ministerio del Interior, ha sido dispuesta para facilitar a la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mantener el control del orden público en esa jurisdicción.
Señala que durante los últimos meses se han registrado disturbios y actos de violencia, como la destrucción de las oficinas de la empresa prestadora de servicios de agua potable en Santo Tomás.
El estado de excepción, que tendrá una duración de 30 días calendario, es una medida preventiva que busca proteger a los ciudadanos de la presencia de frentes de defensa que actúan contra la población y alcaldes que sí quieren el diálogo para desarrollo, así como de aquellos que promueven el rompimiento de acuerdos ya firmados, precisa.
Según lo establecido por el Decreto Supremo N° 093-2016-PCM, durante la duración de la medida y en la circunscripción señalada, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
La norma indica, además, que la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en los decretos legislativos N° 1186 y N° 1095, respectivamente.
Medida preventiva
Los hechos de violencia registrados incluyen además el bloqueo de carreteras, lo que perjudicaría el normal desarrollo de las actividades de la población y pondría en peligro la vida de todos los involucrados.
El pasado 9 de noviembre un grupo de comuneros del distrito de Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas, tomó parte de las instalaciones de una minera, lo que obligó a que un contingente de aproximadamente 300 agentes del Frente Policial Espinar se haga presente para garantizar la tranquilidad y el orden público.
El Decreto Supremo, publicado en el diario oficial El Peruano, está refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, el ministro de Defensa y la ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Fuente: Andina
