Fuente: Diario El Tiempo de Piura
Durante el último proceso de formalización de la flota artesanal, varias embarcaciones quedaron fuera. La ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, en entrevista a El Tiempo señaló que se evalúa abrir un nuevo proceso, pero que a quienes no se formalicen se les aplicará la “Ley de interdicción” referida a la destrucción de la flota. Barrios también habló de otros problemas que competen a su cartera ministerial.
–En Sechura estaban preocupados por la salida de las aguas del río al mar porque podría perjudicar la producción, ¿qué alternativa de solución se da los maricultores?
Hemos tenido la oportunidad de inspeccionar eso in situ. Ellos proponen que esas aguas puedan servir para la agricultura. Efectivamente, hay un tema de vertientes que preocupa. También hemos evaluado las vertientes de Paita, hemos estado acompañados de OEFA para sobre eso tener un diagnóstico y a partir de lo cual, nosotros poder hacer un plan de trabajo conjunto y tomar las medidas del caso. Lo mismo para el caso de Los Órganos donde también los afluentes que vienen del desembarcadero están desembocando en el mar.
–Pero esas aguas, ¿afectan o no a la producción?
Actualmente no, no la está afectando. Es lo que hemos podido ver, pero tenemos que prevenir. No solamente tenemos que mitigar las cosas, sino también actuar en prevención porque ya lo hemos pasado. Esta región ha sido muy golpeada por el fenómeno El Niño.
Hay información de que en el 2018 la producción de concha de abanico ha crecido en un 56%, pero los maricultores dicen que desde el fenómeno del 2017 se afectó el sector. ¿Lo que ha habido, entonces, es una recuperación?
–Exacto, durante el 2017 hubo una afectación bastante grande en el sector acuicultor. Pero en este 2018 ha habido una recuperación, lo cual saludábamos. Es por eso que se ha producido un crecimiento en el 2018 y esperamos seguir en esa tendencia […]. Reconocemos la riqueza de la Bahía de Sechura en el tema acuícola. Estamos justamente con ellos, tratando de ver y coordinar un plan de trabajo más organizado y más estructurado, eso nos permitió visitar el terminal el TPZ de Parachique que también ahí tenemos un tema con los pescadores artesanales porque tenemos que garantizar la inocuidad de los productos sobre todo al momento del desembarque.
En la pesca artesanal hay un proceso de formalización en curso, pero el sector cuestionaba la “Ley de interdicción” porque tenía algunos vacíos…
–Nosotros, en el ministerio, ya tenemos una propuesta efectivamente para trabajar ampliamente el tema de formalización porque somos conscientes que hay un grupo que ha quedado excluido de este proceso […]. Venir al campo nos ha permitido llevar información de cuánto es la masa crítica que no se ha formalizado y ver cuáles son los escollos que encontraron. Me decían que les pedían hacer los planos de la embarcación y ese plano tiene un costo y si no hay plata se quedan afuera. Somos conscientes que eso es una responsabilidad de ellos, pero no podemos ser inertes a esa problemática. Evaluábamos una posibilidad y decíamos por qué no hacer un convenio con el Colegio de Ingenieros para proponer que abaraten los costos y a través de ellos quizá lograr, en un proceso futuro de formalización, que sean ellos quienes se encarguen y que esté a un costo que puedan pagar.
–¿Los plazos de este proceso no podrían ampliarse, pero cabe la posibilidad de un nuevo proceso de formalización?
–Estamos justamente evaluando eso. Viendo la masa crítica para poder responder porque el objetivo central acá es que trabajemos formal. En tanto haya informales, no vamos a recibir ningún beneficio.
–Se cuestionaba la presencia de astilleros ilegales.
–El mensaje es que procuremos culminar el proceso de formalización. Si hay algunos que quedaron fuera, nosotros proponemos las alternativas de solución, pero que sean conscientes que a aquellos que no se formalizan y que sigan en la informalidad, simple y llanamente, se va a tener que aplicar la norma de interdicción.
–¿Cómo va la evaluación a los derechos de pesca?
–Nosotros acabamos de hacer la prepublicación, por tercera vez, de los derechos de pesca. Estamos en un proceso de diez días en los cuales estamos abiertos a recibir las observaciones de todos los administrados que crean que van a ser afectados por estos derechos de pesca.
–¿De cuánto es el pago?
–Más o menos están pagando $3,80. Estaríamos pasando en promedio entre $7,80 a $8,10.
-Ha habido bastante reducción desde la primera prepublicación.
–Exacto. ¿Cuáles fueron los criterios que determinamos para establecer estos derechos de pesca? Racionalidad, que respondan a un estudio técnico y de costos validados y sobre todo, que sea progresivo. Obviamente, como es natural todo administrado que le van a imponer una tasa es natural que digan que no obedece y sí, están en todo su derecho, pero como les hemos dicho, nosotros tenemos las puertas abiertas para conversar y discutir técnicamente y sobre eso, finalmente definir y determinar los derechos de pesca. Consideramos que la propuesta es razonable.
–Hubo un cuestionamiento de un sector industrial que indicaban que, en su visita a Piura, no quiso atenderlos…
–Nunca me pidieron cita. Yo he estado en Sechura. Yo he estado en los Órganos y no estaba programado [una cita], pero me pidieron cita y yo he ido porque si estoy acá es obvio que los escuche. TPZ Parachique no estaba programado y es más yo misma los he invitado a la reunión para conversar en el Gobierno Regional y fue su representante y conversé. Las puertas están abiertas para todos.
