Fuente: Andina
Fuerza Popular (FP) espera “medidas concretas” cuando el presidente del Consejo de Ministros se presente ante el Pleno del Congreso para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza a la representación nacional, manifestó el legislador Miguel Torres.
Según dijo, luego del impulso dado a la reforma política y del sistema de justicia, es necesario ahora que el gobierno aborde las reformas económicas pendientes y ponga en marcha medidas que reactiven la economía nacional.
“Esperamos un discurso con medidas concretas, hay temas muy importantes que están en el tintero (…) Se siente una desaceleración y eso es preocupante porque finalmente eso es lo que afecta al ciudadano del pie”, comentó en TV Perú.
El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentará ante el Congreso el próximo 4 de abril para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza a la representación nacional.
Según la Constitución, el voto de investidura del Congreso es requisito indispensable para que el Consejo de Ministros pueda ejecutar la política general del gobierno. En caso de ser rechazado, el Presidente de la República debe conformar un nuevo Gabinete.
Por otro lado, Torres reiteró su posición en contra de la derogatoria de la Ley 30737, que asegura el pago de la reparación civil en casos de corrupción y delitos conexos, porque a su juicio ello ocasionará la ruptura del acuerdo de colaboración eficaz y colaboración con la empresa Odebrecht.
“Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con que la ley se derogue porque eso haría que el convenio se venga abajo, se cayera y yo no quiero eso, quiero conocer la verdad, quiero saber dónde están los responsables de toda la corrupción (…)”, manifestó en TV Perú.
La propuesta para derogar la citada ley fue presentada por la congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, a través de un proyecto de ley.
La mencionada parlamentaria, quien ocupa una vicepresidencial del Congreso, considera que la Ley 30737 ocasionará perjuicio para el erario nacional y la lucha contra la corrupción, al permitir a la empresa continuar Odebrecht trabajando en el Perú y fijar una reparación civil a su juicio exigua.
Según la Fiscalía y la Procuraduría, la eventual derogatoria de la citada norma ocasionaría un grave daño a la lucha contra la corrupción, pues es el marco legal que permitió suscribir el acuerdo con Odebrecht, iniciativa que permitirá obtener información sobre los actos ilícitos cometidos por esa empresa en el Perú y su vinculación con políticos y funcionarios peruanos.
