La corrupción es uno de los problemas más grandes que sufre el país, según encuestas de la Universidad Católica y de Proética.
Su sola mención se convirtió en una certera arma de ataque durante las últimas elecciones. Quizá el “Tú no has cambiado, pelona” de PPK a Keiko Fujimori o el “Usted encarna la impunidad” de Fernando Olivera a Alan García sean las frases más recordadas de los debates presidenciales, pero –valgan verdades– la corrupción se ha enraizado a tal punto que hoy es, una problemática que demanda urgentes medidas para erradicarla.
Basta mirar el ránking 2015 de Transparencia Internacional para darnos cuenta de que su influencia ha crecido a pasos agigantados. Y, mientras el último estudio de Proética la coloca entre los principales problemas del país, junto con la delincuencia y el consumo de drogas; en una reciente encuesta de la Universidad Católica, un 94% de limeños la considera como uno de los problemas más grandes que hoy nos agobian.
Un nivel de conciencia que dista mucho de lo que piensan los ejecutivos, ya que según la encuesta global sobre fraude, de EY (octubre 2015 – enero 2016), un 42% de los entrevistados pertenecientes a los equipos financieros de la empresas consultadas, afirma que podrían justificar comportamientos poco éticos con el objetivo de alcanzar metas financieras; mientras que un 16% reconoce que justificaría un pago en efectivo para retener o ganar un negocio.
sumas y restas
Considerando que una reciente investigación del Banco Mundial (BM) revela que las empresas que pagan sobornos tienen más probabilidades de incurrir en mayores costos, y que los países pierden –en promedio– el 4% de su PBI por un problema como la corrupción, ¿a cuánto asciende su costo para la economía peruana?
Hace algún tiempo, desde la PCM calculaban que el costo de la corrupción en el Perú equivaldría al 2% del PBI. Pero, considerando que su presencia va en incremento, en Proética estiman que los efectos económicos negativos se ubicarían entre un 3% y 5% del PBI, al año, es decir, hasta unos S/33.800 millones.
Por esa razón, su presidente Jorge Medina considera que esta problemática se ha convertido en un “verdadero atentado contra los derechos humanos de los peruanos, especialmente de los más pobres, pues con esos recursos podríamos aliviar la pobreza enormemente”.
Y no se equivoca, porque si consideramos que el cálculo promedio representaría alrededor de S/21.700 millones, dicho dinero permitiría atender 27 veces el presupuesto designado este año para un programa como Pensión 65 (S/802 millones), o 58 veces lo establecido para Cuna Más (S/370 millones).
Pero, tratándose de una problemática que continúa ganando terreno, ¿resulta factible identificar los sectores en donde existe mayor presencia de la corrupción? Mientras Rafael Huamán, socio responsable del área de anticorrupción y prevención de fraudes de EY, afirma que los sectores o industrias cuyo principal cliente es el Estado, son los que están más expuestos al riesgo de corrupción, para Nancy Yong, socia de Consultoría de PwC, resulta preciso aclarar que “no es que existan algunos sectores económicos más corruptos que otros, lo que sí podríamos afirmar es que hay ciertas industrias cuyos volúmenes transaccionales son más significativos y, en consecuencia, más susceptibles y atractivos de lindar con este tipo de actividades ilícitas, como es el caso de las organizaciones vinculadas con la infraestructura”.
Teniendo en cuenta esa premisa, un reciente análisis de PwC concluye que en industrias como la minería, construcción y extracción de petróleo y gas, sus CEO sienten que la corrupción es una “amenaza significativa”, pues la enorme cantidad de permisos y coordinaciones entre funcionarios públicos y privados, crea el escenario perfecto para incurrir en el pago de sobornos.
Es más, hace poco un estudio de la OCDE alertó que el soborno y la malversación encabezan los tipos de delito más comunes en las industrias extractivas. Sin contar, como dice la última edición de “The How Report”, que las empresas de innovación tecnológica también figuran como las más propensas a caer en actos de corrupción.
Pero, debido a que también existen organizaciones que, pese a desenvolverse en ambientes de alta riesgo, han logrado mantenerse firmes, todos los consultados aseguran que somos los propios ciudadanos los llamados a hacer de la tolerancia cero la más efectiva arma para luchar contra este gran problema.
Pese a que será cuestión de tiempo saber si lo logramos o no, no podemos olvidar que la percepción del Perú como país corrupto sigue cuesta arriba. Ad portas de un nuevo gobierno, la ciudadanía debe permanecer vigilante para que lo prometido en la lucha contra la corrupción se cumpla.
La corrupción no es un problema exclusivo del sector público. Lamentablemente está en todos lados y, ya sea que un conductor le pague a un policía para evitar una papeleta, o un empresario entregue dinero para agilizar un trámite en alguna municipalidad, sus consecuencias son igual de negativas.
En ese sentido, Eduardo Herrera, socio de Escudo Azul, considera que debemos empezar por eliminar esa falta de responsabilidad, respecto al rol de cada persona frente a la corrupción. “Se la quiere ver como un fenómeno del Estado, que está relacionada solamente con funcionarios públicos, pero es más que eso”, afirma.
Coincidiendo con ese llamado, en Proética consideran que se debe ejercer una estrategia clara con miras a combatir la corrupción, en la que debe haber un trabajo articulado entre Estado, sector privado y sociedad civil.
“No debemos darle más espacio a la corrupción. Necesitamos trabajar juntos y coordinados para prevenir y combatir la corrupción en forma innovadora y disruptiva. Nada bueno lograremos ignorando el problema y pensando que es un asunto de otros. No basta con que el empresario diga: “yo pago mis impuestos, yo no coimeo o yo tengo controles”. “Eso ya no es suficiente en el Perú de hoy”, afirma.
Pensando en ese primer paso, la institución que dirige acaba de lanzar Voluntarios Proética, una iniciativa formada por líderes del sector privado, de la academia y de algunos medios de comunicación que trabajará, entre otras cosas, en estrategias para mejorar los controles y en sensibilizar a la ciudadanía sobre la corrupción que origina el financiamiento ilegal a la política.
Pero, como también se requiere de un liderazgo claro y valiente, Jorge Medina insiste en que la lucha contra este “grave flagelo” debe estar encabezada por el presidente de la República y las altas autoridades.
Similar es la opinión de Herrera, a quien no deja de llamarle la atención que ante el llamado de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para poner al debate la agenda para luchar contra este gran problema, hayan acudido los equipos técnicos y no los propios candidatos. “Eso dice mucho del compromiso de los líderes del país para luchar contra la corrupción”, señala.
Fuente: El Comercio
