Analista político, Víctor Hugo Quijada, estimó también que el congresista independiente Roberto Vieira estaría incurso en el delito de tráfico de influencias si se comprueba el “pedido” a su primo, Guillermo Venegas Vieira, de un pago de US$ 20, 000, para “levantar” una sanción administrativa impuesta por el ministerio de la Producción a su embarcación pesquera.
RCR, 18 de marzo 2019 .- El denominado gasto de representación de los parlamentarios, recientemente en cuestión por los casos de presunta mal utilización de esta prerrogativa legislativa es, en realidad, un aumento de sueldo encubierto, denunció el analista político, Víctor Hugo Quijada.
“(La) Contraloría y Fiscalía han iniciado unas acciones de investigación correspondientes respecto a la rendición de estos impuestos de los gastos de representación (legislativos) que son S/ 2 800 (dos mil ochocientos soles) por cada congresista y que, en palabras simples, son aumentos de sueldos encubiertos”, subrayó.
Explicó que los congresistas realizan representación todos los días, independientemente de que haya cinco días hábiles por cada mes que ellos deben ir a sus regiones a hacer su labor de fiscalización.
“Ellos hacen todos los días representación porque para eso han sido elegidos… Sin embargo, lo que se ha visto es que, de acuerdo a unos informes periodísticos, estos señores se van a otros lados, en viajes al extranjero con gastos pagados, pasajes, estadía, viáticos. Y dentro de los cinco días hábiles en lo que ellos deberían estar en sus regiones, realizando sus labores de representación directa, (por lo que) están cobrando indebidamente”, puntualizó.
Indicó que en esta mala utilización de los gastos de representación se consuman dos delitos que, en su momento, la Fiscalía de la Nación los dará oficialmente a conocer; pero que son el de peculado y de falsedad ideológica.
“El primero, es el de peculado, que es cuando un funcionario hace uso indebido de un bien público. En este caso, el dinero del estado es un bien público. Es el dinero de todos pagado con nuestros impuestos. Y solo se requiere la acción (del delito). Porque así devuelvan el monto, eso no trasciende”, detalló al anotar que la pena aplicable es de quince años, con el agravante de que se trata de un alto funcionarios, en este caso un congresista de la República.
El abogado Quijada agregó igualmente que el otro delito por el que presuntamente tendrán que ser investigados varios legisladores, es el de falsedad ideológica, ya que -anotó- “muchos de ellos estarían haciendo pasar una información falsa para sustentar algo que no corresponde, al incluir, por ejemplo, sus viajes al extranjero como “gastos de representación”.
“La Ley de Presupuesto, la norma que tiene mayor jerarquía constitucional respecto a una directiva del Reglamento de un Congreso, establece que todos los dineros del Estado son de rendimiento obligatorio. Y una gran parte de congresistas no cumple con esta rendición de cuentas, bajo este criterio”, anotó al tiempo de referir que la pena imponible por este ilícito es de ocho años.
Es viable eliminación de “semana de representación” congresal
De otro lado, expresó que es “una opción viable” la eliminación de la denominada “semana de representación”, planteada por el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, a fin de sincerar la remuneración real de los parlamentarios ya que -anotó- “lo que se está haciendo” con la aplicación de ingresos extras a sus sueldos, “es sacarle la vuelta a la ley”.
“Es viable, solo requiere una modificación del Reglamento, nada más… Efectivamente. Porque lo que se requiere del Estado, en general; y en especial del Congreso, es sincerar (los ingresos). Ellos ganan S/ 15 000 (quince mil soles) más S/ 7 500 (siete mil quinientos soles) de gastos operativos, más S/ 2 800 de gastos de representación. Y estos S/ 7 500 y S/ 2 800 no tienen un sustento válido legal. Porque la Constitución establece que nadie gana más que el presidente de la República”, puntualizó.
En ese sentido, insistió en que lo aprobado en el Reglamento del Legislativo, respecto a la remuneración de los legisladores es inconstitucional, ya que la Constitución establece que nadie puede ganar más que el jefe de Estado.
Los US$ 20 000 de Roberto Vieira configuran delito de tráfico de influencias
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Quijada estimó también que el congresista independiente Roberto Vieira estaría incurso en el delito de tráfico de influencias por el “pedido” a su primo, Guillermo Venegas Vieira, de un pago de US$ 20, 000, para “levantar” una sanción administrativa impuesta por el ministerio de la Producción a su embarcación pesquera, además de restituir su permiso para dicha actividad.
“Hay una investigación previa que va a realizar la Fiscalía de la Nación, por los fiscales supremos, en donde ya tienen los audios. Y allí estaría configurándose el delito de tráfico influencias que tiene un pena máxima de hasta veinte años. Desde el punto de vista legal, está configurado racionalmente el delito de tráfico de influencias”, aseveró.
En otro momento, Quijada refirió que desde el punto de vista legal y reglamentario “el Congreso está en sus facultades” de interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por el Acuerdo de Colaboración entre el Estado peruano y la compañía brasileña Odebrecht, en lo referido al pago de la reparación civil.
“Pero desde el punto de vista político estamos fuera del plazo para interpelar (al ministro Zeballos) y porque no cabría tal acción. Primero, porque hay que recordar que el ministro de Justicia no puede interferir en la función de los procuradores. Y los fiscales que han establecido los montos de la reparación civil no dependen del ministerio de Justicia”, remarcó.
Dijo igualmente que si bien la opinión del presidente Martín Vizcarra sobre el monto de la reparación civil puede ser muy válida y respetable, también es cierto que la fijación de sus montos están determinados de acuerdo a una ley, y su respectivo Reglamento, la misma que -a su vez- fue aprobada por el Congreso.
“El Congreso es el que establece la fórmula polinómica… Y en términos concretos lo que han hecho, el procurador y los fiscales, es aplicar lo que está en la formula, al trabajo. Es un cálculo matemático. Es decir, ellos no han realizado los cálculos en forma arbitraria”, concluyó.
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