Congresista por Loreto, Juan Carlos del Águila, advirtió además que no existe ninguna garantía de que no se vuelvan a ejercer acciones violentas y coercitivas contra la actividad petrolera en la región Loreto, pese al reciente acuerdo entre el Gobierno Central y la comunidad de Mayuriaga para la reanudación de las actividades en el oleoducto Norperuano.  

RCR, 1 de marzo 2019 .-  El peligroso abandono y desatención de las zonas de frontera y el control que ha hecho de ellas el narcotráfico, y otras actividades delictivas, es un asunto que no le interesa al gobierno de turno, lo cual es extremadamente preocupante para el país, denunció el congresista por Loreto, Juan Carlos del Águila.

“Esto (el abandono) es una triste realidad en la zona de frontera, que tal parece que el gobierno de turno tampoco le hace mella, tampoco le interesa. No es algo preocupante. Entonces, nos preocupamos de viajar al exterior, de hacer actividades frívolas en Europa, cuando en esa zona del Putumayo existe una realidad absolutamente distinta del resto del país que no se logra atender. La desatención es evidente”, subrayó.

Tras insistir en que el abandono y la desatención de estas áreas limítrofes “es darle la espalda”, a sus precarias poblaciones, expresó que no sólo el gobierno central es el único responsable de esta situación, sino también los gobiernos regionales y locales.

“Porque muchas veces centralizan sus presupuestos y poco o nada atienden las necesidades de sus pueblos más recónditos. Por eso es que vemos (por ejemplo) que en las localidades más pequeñas normalmente los niños van a estudiar a territorio colombiano”, anotó.

El Poder Ejecutivo declaró, por el término de 60 días calendario, el estado de emergencia en la provincia de Putumayo, departamento de Loreto, con el objeto de cautelar el orden interno, así como preservar los derechos constitucionales de la población.

“Pero si esto (el combate a la actividad del narcotráficos en las áreas fronterizas)  se hace con medidas de tipo policial o militar, no augura mucho éxito. Porque la presencia esporádica de las fuerzas militares y policiales no va a ayudar a reducir de manera significativa el cultivo de la hoja de coca”, puntualizó.

Narcotráfico tiene el control real de las fronteras

En ese contexto, alertó sobre el control político y económico casi absoluto que ejerce el narcotráfico en esta provincia limítrofe con Colombia, con una presencia continua y real en la zona.

“La presencia del narcotráfico es real y evidente ante los ojos de quien vaya y recorra el río Putumayo, desde la zona de Santa Mercedes, el bajo Putumayo y, sobre todo, el Alto Putumayo. Hay presencia continua de narcotraficantes colombianos que se dedican a promover el cultivo de la coca y utilizan a nuestros jóvenes para esas actividades”, aseveró.

Al respecto, el vocero político de Fuerza Popular recordó que Putumayo es una provincia que tiene un abandono permanente, por parte del Estado, ya que su presencia “es muy esporádica”.

“Hoy se empieza a mirar con más interés esta provincia, fundamentalmente por el cultivo de la hoja de coca que se da en el Alto Putumayo. Lo que obliga al Estado a tomar medidas para el control y la eliminación de este tipo de actividades”, apuntó.

Clamor por política de fronteras vivas 

A fin de abordar esta problemática, el legislador por Loreto anunció la realización, para el próximo 15 de marzo, de una sesión descentralizada de la Comisión Relaciones Exteriores en la misma capital de la provincia, San Antonio del Estrecho, con la participación de la población y autoridades locales, parlamentarios y representantes del Poder Ejecutivo.

“Lo que hay que impulsar es una política de fronteras con una continua presencia del Estado., a través del impulso de políticas públicas que garanticen la permanencia de distintas organizaciones y entidades públicas”, enfatizó.

No hay garantías de normalización en actividad petrolera

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Del Águila advirtió además que no existe ninguna garantía de que no se vuelvan a ejercer acciones violentas y coercitivas contra la actividad petrolera en le región Loreto, pese al reciente acuerdo entre el Gobierno Central y la comunidad de Mayuriaga para la reanudación de las actividades en el oleoducto Norperuano.

“Lamentablemente, no hay ninguna garantía. El gobierno ha tomado el hecho como una situación en la que, agachando la cabeza, y hasta arrodillándose, ante falsos dirigentes indígenas, suscribe un acuerdo… El premier (César Villanueva) soluciona este problema sin siquiera consignar en el acta una sanción para quienes han propiciado este tipo de actos delincuenciales (como la rotura del oleoducto)”, remarcó.

Expresó que esta claudicación “es un pésimo mensaje” que el gobierno de turno da a otras dirigentes indígenas para que hagan lo mismo para exigir atención a sus comunidades, y -anotó- genera que la inversión privada vea con muchísima preocupación su presencia en la selva norte.

 Escuchar Entrevista