RCR, 14 de febrero 2025.- El abogado Mario Amoretti señaló que cometen el delito de peculado aquellos alcaldes que utilizan dinero público para entregar a frentes de defensa local, comités de lucha o colectivos, a fin de financiar sus movilizaciones, paralizaciones y marchas. Agregó que los frentes involucrados también son cómplices del delito de receptación, sancionado penalmente.  

“Un funcionario público, ya sea alcalde, gobernador o administrador de fondos públicos, tiene la obligación de custodiar y darle el destino que corresponde, pero si se apropia de ese dinero para entregarlo a una entidad ajena está ocurriendo el delito de peculado. Porque malversación es cuando se utiliza esa suma distinta a lo destinado, aunque sí es utilizado en una construcción diferente”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).  

Indicó que aquella persona que utiliza fondos públicos pese a que no le corresponda también incurre como cómplice del delito de peculado. “No tendrá condición de funcionario, pero se le llama los ajenos a la función publica y se beneficia de esta manera. Si el alcalde se apropia de dinero que tiene la obligación de custodiarlo o administrarlo para cuestiones personales constituye a peculado”, expresó.  

Amoretti remarcó que si dentro de la movilización u protesta registran hechos de violencia o daños a la propiedad publica y se comprueba que hubo financiamiento de gasto público, la pena se agrava. Mencionó que la Fiscalía debería ser la entidad encargada de tomar acciones de control.  

“La pena es cadena perpetua, sin embargo, los congresistas y el Ejecutivo lo califican como terrorismo urbano y eso es una estafa para la población, porque las penas ya están emitidas, solo que no permiten poner las sanciones como tal. La Fiscalía tiene que llevar acciones de control, y la Contraloría interviene después en cuanto al uso del dinero, una vez que se realiza la denuncia pública”, anotó.