Óscar Echegaray, consejero regional ante el Gore Piura, denunció que existe un “contubernio” que pretende paralizar la obra.
RCR, 16 de octubre 2018.- El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenérgético del Alto Piura podría ser cerrado por el Gobierno Central, acabando así con el sueño de miles de piuranos y generando una grave pérdida económica para nuestro país que ascendería a 520 millones de soles. Así lo manifestó el consejero regional ante el Gobierno Regional de Piura, Óscar Echegaray.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), el consejero denunció la existencia de un “contubernio” entre el Gobierno Regional de Piura, el gerente del proyecto, Marco Tulio Vargas, y el equipo de supervisión de la obra, quienes habrían realizado una serie de entrampamientos y actos ilegales para favorecer al consorcio a cargo del proyecto, OBRAINSA-ASTALDI.
Esta acción, según Echegaray, se pudo evidenciar cuando los distintos consejeros regionales exigieron al gobernador de Piura una reunión con el equipo de supervisión de la obra a fin de conocer cómo avanzaba el proyecto. La rauda negativa del gobernador sería el inicio de un “encubrimiento” a este equipo de supervisión, que cobraba la exorbitante suma de 33 millones de soles.
“Ese monto sólo se le paga por supervisar. Es un monto millonario y lo más sorprendente es que este equipo no nos ha entregado ningún informe. El gobernador nunca ha permitido que la supervisión venga al Consejo Regional y que se pronuncie. Siempre lo han encubierto y este contubernio es para favorecer al consorcio”, expresó.
Cuando el consorcio abandonó el proyecto, según dijo Echegaray, el Colegio de Ingenieros de Piura y el Consejo Regional exigieron al GORE la resolución del contrato. Fue en ese momento que iniciaron con las “excusas” como que los ronderos de la zona no permitían continuar con el trabajo. Finalmente, esta acusación fue desestimada.
“Decían que eran por los ronderos, que había huelgas y paralizaciones. Al final se llegó a conocer que la misma empresa pagaba a ciertos ronderos para azuzarlos y para tenerlo como un pretexto justificado. Luego, dijeron que era por la línea de transmisión. Pidieron cuatro veces el adicional por este motivo y no se hizo nada. Por último, salieron con que ya no tenían fondos. Pero ahora sabemos que sólo buscan quemar tiempo”, subrayó.
La paralización de la obra y el tiempo que buscaba ganar OBRAINSA-ASTALDI tenía como objetivo, según Echegaray, dilatar los 10 días que el Gobierno Regional de Piura tenía para presentar una denuncia contra el consorcio por incumplimiento de contrato.
Ahora, debido a que el juez titular del 13° Juzgado Civil Sub Especial Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, Juan Pablo Rengifo ha dispuesto que el proyecto no podrá ejecutar cartas fianza del consorcio mientras no se resuelvan las controversias en un laudo arbitral, es poco probable que el proyecto pueda llegar a buen puerto.
“Ahora, podríamos tener una resolución del contrato con el peligro de que el Gobierno Central cierre el proyecto. Y al cerrar el proyecto, ya tendríamos el tema de que la obra no iría nunca más y se habrían malgastado más de 520 millones de soles desde que se inició hace más de nueve años. Es una situación lamentable”, sentenció.
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