RCR, 15 de enero 2025.- El ministro de Justicia, Eduardo Arana, justificó que el Gobierno haya observado la autógrafa de ley que busca restituir la detención preliminar en casos sin flagrancia, al decir que el proyecto afecta la presunción de inocencia y el debido proceso de los ciudadanos.

En conferencia de prensa, el ministro explicó las diferencias entre la detención por flagrancia, la detención preventiva y la detención preliminar. Mientras que la detención por flagrancia se produce cuando alguien es capturado cometiendo un delito, la detención preventiva se basa en una investigación del Ministerio Público con medios probatorios que sustentan la sospecha razonable.

A criterio de Arana, la detención preliminar permite al fiscal solicitar la detención de una persona sin tener certeza sobre el delito, los medios probatorios o la identificación de los autores. El ministro sostuvo que esto se traduce en una práctica de «detener para investigar», que -según dijo- contraviene la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El ministro mencionó un informe de la Defensoría del Pueblo que denunciaría esta práctica, así como la posición de la Sala Penal de la Corte Nacional, que ha resuelto casos recientes declarando la prisión preliminar como jurídicamente incorrecta. Arana argumentó que la detención preliminar se utiliza sin la debida motivación y sin que el juez evalúe la necesidad de la medida, lo que lleva a detenciones arbitrarias y prolongadas.

El Poder Ejecutivo considera que la autógrafa de ley no garantiza la protección de los ciudadanos y que la presunción de inocencia debe ser respetada. Arana hizo un llamado al Congreso para que reconsidere la medida y escuche la posición del Gobierno.