Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, señala que es posible que se esté contando en exportaciones legales, el oro que es producido por organizaciones criminales.
Lima, 09 de enero de 2025.- El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, afirmó que es necesario que haya coordinación del Perú con países fronterizos, a fin de lograr un combate efectivo contra la salida de oro ilegal.
En una entrevista con el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), indicó que es necesario que haya normas internacionales y que sean compartidas por otros países, como Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil, para fiscalizar la trazabilidad del mineral que se exporta y salen por las fronteras.
Sostuvo que existe un vacío legal en la normativa peruana que no te permite identificar el origen del oro que se envía, por ejemplo, a la India, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Suiza y Canadá, y es posible, de acuerdo con Gallardo, que, en el conteo de exportaciones legales, se esté camuflando oro ilegal, producido por organizaciones criminales vinculados a mineros ilegales.
Lo mismo ocurre para el rastreo de lavado de dinero proveniente de la minería ilegal. Gallardo enfatizó que no existen leyes necesarias en nuestro país que se encarguen de fiscalizar esta actividad ilegal, que de acuerdo con la Fiscalía mueve hasta US$ 12 mil millones al año.
“Si tú no tienes esta capacidad de coordinación entre los países, va a ser difícil combatir la minería ilegal también, porque está en todas las fronteras”, indicó al IIMP.
Balance del Gobierno
De otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros destacó los exitosos operativos contra la minería ilegal realizados a comienzos de 2025 en la región Madre de Dios, llevados a cabo por las fuerzas del orden en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
Asimismo, informó que, en un operativo realizado en el río Madre de Dios, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) incautó y destruyó nueve dragas, ocho motores, cinco bombas de succión y otros equipos utilizados en la extracción ilegal de minerales, con un valor estimado de más de S/306 mil.
Fuente: IIMP
