Adjunta de la Defensoría del Pueblo para los derechos de la Mujer, Eliana Revollar, destacó la próxima realización, por su institución, de audiencias defensoriales descentralizadas en nueve regiones del país (La Libertad, Cusco, Arequipa, Apurímac, Madre de Dios, Piura, Loreto, Junín y Lima) para recoger aportes y demandas de la población sobre el grave problema de la violencia contra la mujer y los menores de edad.
RCR, 3 de octubre 2018.- La proyección de los niveles de violencia a la mujer en el país alcanzará los 130 mil casos anuales, al 2018, estimó la adjunta de la Defensoría del Pueblo para los derechos de la Mujer, Eliana Revollar.
“Estamos a punto de publicar un informe que ha sacado la adjuntía de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo en la que de enero a abril se da cuenta, de acuerdo a información de los Centros de Emergencia Mujer y del ministerio de le Mujer, que hay un promedio de 40 mil casos de violencia, en cuatro meses. Y esa situación mes a mes se va repitiendo”, subrayó.
En ese sentido, la funcionaria advirtió que las cifras de acciones de violencia cintra la mujer siguen una curva cada vez más ascendente, al indicar que el año pasado se cerró con aproximadamente 95 mil casos, mientras que en lo que va del presente año “están bordeando los 90 mil”.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Revollar destacó la próxima realización, por su institución, de audiencias defensoriales descentralizadas en nueve regiones del país (La Libertad, Cusco, Arequipa, Apurímac, Madre de Dios, Piura, Loreto, Junín y Lima) para recoger aportes y demandas de la población sobre el grave problema de la violencia contra la mujer y los menores de edad.
“Es un espacio en el que la Defensoría promueve que las autoridades puedan oír la voz de los ciudadanas y ciudadanos, respecto a esta grave problemática”, anotó.
Especificó que son tres los aspectos principales que las audiencias defensoriales descentralizadas abordarán. “En un primer momento, se va a tratar el tema de la prevención. En este tema queremos la participación preventiva en lo educativo, familiar, laboral y el espacio público”, apuntó.
Dijo que, en segundo lugar, se encuentran los obstáculos a lo que se enfrentan las víctimas, principalmente niños y mujeres, “sin que esto sea condicionante a que otros integrantes familiares puedan presentar aspectos en las instancias del sistema de administración judicial cuando los casos han sido denunciados”.
Un tercer momento que la posibilidad de que la ciudadanía pueda denunciar casos y hechos. “Ahí si queremos tener la reserva de que no señalen nombres. Que se haga la denuncia de los hechos en que las instituciones no están funcionando y que se lleven los recaudos y las pruebas que serán entregadas, y que la Defensoría se compromete a hacerle seguimiento”, puntualizó.
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